La característica primera y principal de Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, es que la obligación de establecer un control horario diario del inicio y la finalización de la jornada de todos los empleados, con la sola exclusión de quienes cuentan con un contrato de alta dirección, se hace extensible a todos los sectores de actividad y no solo aquellos en los que parecía concentrarse el exceso de horas que denunciaba la Inspección de Trabajo. Se trata, en segundo lugar, de una regulación totalmente indiferente a las dificultades de