El sistema de pensiones se enfrenta a dos tipos de problemas. Primero, uno de solvencia financiera en el corto plazo derivado de una crisis económica que ha hecho caer las cotizaciones, mientras las prestaciones seguían aumentado. Segundo, un problema de largo plazo, porque la vía elegida para garantizar la sostenibilidad de las pensiones en el futuro ha sido bajarlas tanto como sea necesario. El problema de corto plazo se ha intentado resolver limitando la revalorización de las pensiones y utilizando el Fondo de Reserva confiando que la recuperación económica reequilibraría las cuentas de la Seguridad Social. Las cosas no han funcionado
Recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) cuestionan la laxa normativa existente en España para evitar la concatenación fraudulenta de la contratación temporal que debe estar justificada en orden a cubrir servicios no permanentes y que afecta no sólo a un gran número de empleados en el sector público sino también en el privado. El TJUE ha resuelto recientemente en los asuntos C-184/15, C197/15, C-16/15, C-596/14 y C-631/15 que la normativa española de contratación temporal para la realización de servicios determinados de naturaleza coyuntural vulnera el Derecho Europeo, y en concreto la Directiva Acuerdo marco de la CES
