Las diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa han puesto en marcha un nuevo paquete de medidas para hacer frente a la inflación y a los efectos de la situación económica actual. Las medidas, adoptadas de forma armonizada entre los tres territorios históricos, supondrán un esfuerzo fiscal conjunto de 249,5 millones de euros y alcanzarán a todas las personas contribuyentes, con una mayor intensidad en el caso de las más vulnerables.
La primera de las medidas supone deflactar todos los tramos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) un 4%. Con ello se busca adecuar el pago de este impuesto a la situación económica actual, evitando que las subidas salariales a consecuencia de la inflación redunden en un aumento de la factura fiscal. Cabe recordar que las haciendas forales ya deflactaron el IRPF un 1,5% a principio de año, por lo que la cifra total sería del 5,5%, en línea con el último indicador adelantado de la inflación subyacente.
La medida entra en vigor el 1 de septiembre, por lo que tendrá un efecto inmediato en los salarios que se abonen entre septiembre y final de año. En el caso de las nóminas abonadas con anterioridad, las cantidades retenidas de más se ajustarán en la próxima campaña de la Renta. La medida beneficia a todas las personas contribuyentes de Renta, y tendrá un impacto conjunto de 139,1 millones de euros en los tres territorios.

Por otra parte, las haciendas forales también han aprobado una deducción ‘antiinflación’ de 200 euros, que podrán aplicar aquellas personas contribuyentes con una base general en Renta de hasta 30.000 euros. Entre los 30.000 euros y los 35.000 euros, la deducción de 200 euros sufre una reducción progresiva punto a punto a medida que aumenta la base de la declaración. La medida pone el foco en las personas contribuyentes más vulnerables ante la situación actual, y tendrá un coste conjunto total de 110,4 millones para las tres haciendas forales, que se verá reflejado en la próxima campaña de la Renta.
Asimismo, las diputaciones forales han adoptado otra serie de medidas financieras, destinadas a aliviar la situación de personas autónomas y empresas, y dotarlas de más liquidez.