La actividad aseguradora representa en torno a un 5,2% del PIB español y genera unos 160.000 puestos de trabajo directos en España, de los que cerca de 50.000 corresponden a compañías de seguros. Se trata de un empleo estable y el octavo mejor retribuido de toda la economía española en el que las mujeres constituyen el 52% de las plantillas, representaron el 57% de las nuevas contrataciones en 2020 y ocupan el 31% de los cargos de máxima responsabilidad, en un claro cambio de tendencia.
El pasado año, como consecuencia de la pandemia, la facturación del sector se redujo en España un 8,3% hasta los 58.850 millones de euros, manteniendo no obstante su solvencia y rentabilidad y otorgando coberturas inicialmente no cubiertas, dando facilidades de pago, creando el mayor seguro colectivo de la historia en favor del personal de centros sanitarios e incrementando su nivel de servicio.

Como inversor institucional, las aseguradoras y los fondos de pensiones gestionan en España un patrimonio de 427.182 millones de euros, fondos que se encauzan hacia inversiones sostenibles y con un impacto social beneficioso. En la cartera de activos que adquieren destacan los títulos de deuda.
Dentro del seguro dirigido a empresas, el pasado año hubo un pequeño grupo de modalidades que creció a un ritmo importante, entre ellas la de aviación, incendios puros, de caución, todo riesgo construcción y el de equipos electrónicos. En los ramos con crecimiento negativo la peor evolución la registraron el seguro de asistencia, el decenal de la construcción y el de pérdidas pecuniarias, con bajadas de dos dígitos por las restricciones, el desempleo o cierre de negocios. En el arranque de 2020, la facturación se mantuvo plana con unos ingresos de 16.700 millones provenientes básicamente de los ramos de salud, multirriesgo y líneas empresariales.