El 1 de julio el Reino de España ha asumido la Presidencia del Consejo de la Unión Europea. Se trata de la quinta vez que lo hace desde que en 1986 se adhiriera a las Comunidades Europeas, hoy Unión Europea. Esta representación supone una gran responsabilidad al tiempo que una oportunidad que brinda la ocasión para dar a conocer la realidad territorial, económica y social de un Estado. En este caso, la Presidencia tendrá lugar en la antesala de unas elecciones generales cuyo desenlace es una incógnita y, como consecuencia, está llena de incertidumbres.
El telón de fondo de la Presidencia es la guerra de Ucrania, cuya duración y resultado sigue siendo incierto. Este hecho y las consecuencias de las decisiones tomadas y por tomar desde que se produjera la invasión y estallara la contienda bélica, seguirán influyendo en el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo, que tendrán lugar dentro de menos de un año –entre el 6 y el 9 de junio de 2024–, en un contexto de crecimiento generalizado de la extrema derecha en muchos países de Europa.
Además, la Presidencia habrá de lidiar con cuestiones como la soberanía económica y energética, las capacidades de defensa y la ampliación, en un escenario de reforma de las normas económicas y financieras en vigor.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció como prioridades de la Presidencia la reindustrialización de la Unión Europea al tiempo que se garantiza su autonomía estratégica “abierta”, el avance en la transición energética y la adaptación medioambiental, así como la consolidación del Pilar social y el refuerzo de la unidad europea.
Euskadi desearía que la Presidencia sirviera para profundizar en el proceso de integración, visibilizar y reforzar el compromiso del conjunto de las instituciones del Estado con el proyecto europeo, y proyectar la realidad de un Estado plural, en el que conviven distintas realidades nacionales. 
La Presidencia de la UE debería permitir que, desde el respeto de las respectivas competencias, todas las instituciones del Estado pudieran ser parte activa. Así, desde el momento en que en la Conferencia de Asuntos relacionados con la UE (CARUE) abordara los preparativos, el Gobierno vasco trasladó su disposición a colaborar con espíritu constructivo y propositivo.
Euskadi acogerá un Consejo informal de Competitividad, una reunión del Comité de Representantes Permanentes (COREPER II) y será sede de diez eventos y foros organizados, entre otros, por el Gobierno vasco, relacionados con cuestiones nucleares de la agenda europea, como el empleo, la economía social, la competitividad, la igualdad, la Formación Profesional o el proyecto de Macrorregión atlántica. Ahora bien, parece poco probable que la realidad plural del Estado español vaya a ser adecuadamente reflejada.
Euskadi ha solicitado la inclusión en la agenda europea del próximo semestre de tres cuestiones que afectarían de manera significativa a nuestro territorio, a saber: la aprobación de una Macrorregión atlántica; el perfeccionamiento del sistema de participación de las comunidades autónomas en la UE, y el uso de las lenguas cooficiales.
Somos conscientes de los desafíos que como europeos afrontamos, en un momento de profunda transformación geopolítica, que tiene como ejes fundamentales la transición energética, digital y demográfica. También del impacto que los desafíos climático-medioambiental, digital y social pueden tener en nuestras sociedades, así como de la relevancia de Europa en el tablero geopolítico global de las próximas décadas.
Por todo ello, consideramos que una toma en consideración de las naciones y regiones con competencias legislativas en la gobernanza de la UE, siguiendo un modelo de gobernanza multinivel inspirado en el principio de subsidiariedad, contribuiría a dar una mejor respuesta a los colosales retos que enfrentamos. Ayudaría también a dotar de mayor legitimidad democrática al proyecto europeo de integración, que pasará su particular reválida en 2024, acosado por las fuerzas iliberales que ya se han introducido en demasiados gobiernos.