Las organizaciones sindicales vascas han planteado sendas iniciativas, tanto en el Parlamento vasco como en el Consejo de Relaciones Laborales (CRL), en las que proponen para Euskadi un Salario Mínimo Interprofesional superior al actualmente existente en el Estado.

La primera iniciativa, que consiste en el registro en el Parlamento Vasco de una ILP donde le pide que solicite al Gobierno del Estado modificar el Estatuto de los Trabajadores para que las CCAA que así lo requieran puedan contar con un SMI propio, tendrá el recorrido correspondiente que hoy día se nos escapa.

La segunda propuesta, que consiste en constituir una mesa de diálogo en el CRL entre los cuatro sindicatos más representativos de Euskadi y Confebask, nos atañe a las organizaciones empresariales vascas, por lo que una vez convocados acudimos a la reunión el pasado 6 de febrero, trasladando nuestra decisión de no constituir la mesa solicitada y explicando las razones de oportunidad y legales que nos llevaron a esta decisión.

En este contexto, el incremento del SMI y en concreto el solicitado por el sindicato ELA de 1.800 euros, además de alterar sustancialmente la negociación colectiva existente en Euskadi, supone un incremento considerable del existente en el Estado (1.184 euros en 2025) que ya se ha incrementado casi un 70% en los últimos siete años.

Los costes laborales son la primera preocupación de las empresas vascas. Así lo destaca la ‘Encuesta de Perspectivas Empresariales de Cebek’ realizada en enero de este año. Los incrementos, tanto en salarios como en cotizaciones sociales, son los mayores existentes en nuestro entorno europeo.

La eterna reivindicación de que Euskadi es un país precario se rebate con datos objetivos: el salario medio es aquí un 18% superior a la media del Estado, siendo nuestra jornada laboral la más reducida; además, el 82,5% del empleo procede del sector privado donde el 85% de las personas cuenta con un contrato indefinido y el 80% trabaja a jornada completa.

Un incremento del SMI en Euskadi modificaría al alza no solo la estructura de costes de las empresas, sino que afectaría también a la capacidad de negociar y de pactar que actualmente tienen en sus ámbitos de decisión. Asimismo, empujaría los siguientes salarios en la escala hacia arriba con lo que se produciría un incremento general en los costes salariales. Por ello, no solo afecta a los salarios más bajos sino también a todos los demás.

Por otra parte, los convenios en Bizkaia ya regulan en cada sector, además del resto de condiciones (jornada laboral, permisos, complementos salariales, etc.) y un salario mínimo por categoría y/o grupo profesional fruto del acuerdo entre las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. Afectar a dicho salario y al equilibrio interno de tales convenios supondría una injerencia injustificable en la negociación colectiva sectorial que no queremos ni podemos hacer.

Además, las elevadas tasas de absentismo laboral en Euskadi, la pretendida reducción de la jornada laboral por disposición legal y los continuos problemas para negociar y aplicar en las empresas vascas fórmulas de flexibilidad adaptadas a las necesidades actuales de cada sector, fundamentalmente por la negativa de los sindicatos a negociarlas, son dificultades añadidas en la gestión de nuestras empresas, que no permiten un nuevo incremento generalizado de costes, que lastraría la competitividad de muchas de ellas. 

Al mismo tiempo, la evidente incertidumbre existente en el panorama internacional, donde estamos directamente afectados por la crisis de las economías alemana y francesa, principales destinos de nuestras exportaciones, auguran un porvenir difícil, especialmente a nuestra industria y en concreto al sector del automóvil, clave en Euskadi. 

Todo ello, nos ha llevado a acudir a la reunión convocada por las organizaciones sindicales, trasladando nuestra posición que he resumido ahora en estas líneas.