El periodo preelectoral no es favorable para la adopción de acuerdos políticos. Por ello, que se haya alcanzado un amplio consenso para la aprobación de la Ley de Transición Energética y Cambio Climático en el Parlamento vasco es importante. Supone que una gran mayoría transversal respalda un acuerdo en una de las materias más trascendentales para la sociedad y la economía. Una ley, la primera que aborda el cambio climático en Euskadi, que facilitará la alineación del País Vasco con todas las normativas, políticas y planes para alcanzar las cero emisiones netas y la resiliencia del territorio. Y un pacto que mantiene unos ambiciosos objetivos: asegurar la neutralidad climática para 2050, y hacerlo atendiendo a la realidad energética y económica vigente.

La ambición se reconoce en las cero emisiones netas para esa fecha y en la adopción de una serie de hitos y requisitos: un canon a abonar por los promotores de energías renovables a los municipios donde estén asentados; la implicación de la ciudadanía en esta transición y la posibilidad de que los ciudadanos y los ayuntamientos de esos municipios puedan entrar en la propiedad de esas empresas creadas para la instalación de parques renovables; la desinversión del Gobierno vasco en explotaciones de energías fósiles; y el compromiso presupuestario para acciones climáticas en las cuentas públicas.

Puede ser que para algunos sea demasiado ambiciosa y, en cambio, para otros se quede corta, pero ha quedado un texto en el que, partiendo de la realidad actual, se pone el foco en el objetivo de la descarbonización. Los datos son cada vez más concluyentes y demuestran que no hay alternativas a la necesidad de tomar iniciativas que frenen el avance del cambio climático, ayuden a su mitigación y preparen a la sociedad y la economía para su adaptación. Una labor en la que no se puede obviar el punto de partida, que no suponga un plus negativo en la competitividad y el empleo, para lo que se requiere la corresponsabilidad de todos los agentes socioeconómicos.