El fraude en impuestos generales resta 2.320 millones de euros anuales a las arcas de la Comunidad Autónoma; la economía sumergida en Euskadi está en torno al 17%.

El fraude en impuestos generales en el País Vasco se elevó a 2.320 millones anuales, de los cuales 2.000 millones corresponden a tributos gestionados por las administraciones vascas. A lo largo del periodo 1990-2014, la economía sumergida en Euskadi oscilaba aproximadamente en torno al 17% de su economía legal, unos cinco puntos por debajo del Estado.
Son conclusiones del estudio encargado por el Gobierno vasco y elaborado por los catedráticos del Instituto de Economía Pública de la UPV/EHU, Ignacio Zubiri y Javier Fernández-Macho, y la catedrática, Mari Carmen Gallastegui, en el que se analiza y cuantifica el tamaño de la economía sumergida en Euskadi para estimar el fraude en las operaciones de producción y venta de bienes y servicios, y bajo ciertas condiciones, en las transacciones de riqueza.
El informe no cuantifica, sin embargo, los fraudes asociados a mecanismos de ingeniería fiscal, deslocalizaciones ficticias de beneficios, rentas en el exterior no declaradas y otros. Por ello, sus autores precisan que las estimaciones del fraude fiscal basadas en la economía sumergida son “cotas inferiores a los niveles reales de fraude”. Según este documento, durante el segundo cuatrienio de crisis económica 2011-2014, la pérdida de recaudación debida a la existencia de la economía sumergida ha supuesto una minoración de recaudación de más de 3.700 millones de euros anuales, de los cuales más del 60%, corresponderían a impuestos generales (IRPF, Sociedades, IVA, etc.) que pertenecen a las administraciones vascas (diputaciones y ayuntamientos). Ello supone una pérdida anual para las Administraciones de Euskadi de 2.320 millones de euros.
Ante estas conclusiones, los autores del informe creen conveniente crear un observatorio del fraude, independiente de las administraciones públicas, ya que “es una práctica habitual en muchos países y en diferentes ámbitos de la Administración”. El observatorio, se encargaría de “cuantificar el fraude, evaluar las medidas tomadas, valorar la eficacia en la lucha y el cobro de deudas”.