EL GOBIERNO VASCO ENTIENDE QUE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA CONTINÚA LIMITANDO LAS COMPETENCIAS DE EUSKADI.

La Política Agrícola Común (PAC), lanzada en 1962, representa una asociación entre la agricultura y la sociedad, entre Europa y los agricultores. Sus principales objetivos son mejorar la productividad agrícola de forma que los consumidores dispongan de un suministro estable de alimentos a precios asequibles y garantizar a los agricultores de la Unión Europea una vida razonable.
En este contexto y tras la aprobación de la reforma de la PAC para el periodo 2014-2020, se debatió el reparto por autonomías en enero pasado en el marco de la Conferencia Sectorial de Agricultura. Tras la misma, la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno vasco, Arantza Tapia, manifestó su malestar con la forma de proceder del Ministerio de Agricultura y denunció que se aborden aspectos competenciales que van más allá de la propia capacidad decisoria de la Conferencia Sectorial estatal y porque perjudicará a los pequeños agricultores. En este sentido, el Gobierno vasco exigió el máximo respeto al marco competencial propio y el establecimiento de un modelo de aplicación de la reforma de la PAC en el Estado que respete las competencias legislativas, ejecutivas y de gestión que tiene Euskadi, tanto en lo relativo a las ayudas directas (Primer Pilar) como a las medidas de Desarrollo Rural (Segundo Pilar).
Respecto al escenario y modelo de financiación establecido para los próximos siete años destaca entre los acuerdos adoptados el reparto de Fondos FEADER entre las distintas Comunidades Autónomas para todo el periodo de programación 2014-2020. En este sentido, el volumen de fondos consignado a Euskadi asciende a 87,1 millones de euros. “Se trata -dijo Tapia- de una cifra ligeramente superior a la asignada durante el periodo 2007-2013, pero lejos aún de las demandas reclamadas por el Gobierno vasco”.

Acuerdo foral
En este marco, las tres diputaciones forales alcanzaron un principio de acuerdo para el reparto de los fondos europeos y centrar las actuaciones en aquellas medidas que consideran prioritarias. En concreto, la Diputación de Bizkaia gestionará cerca del 20% del programa del País Vasco, lo que puede suponer unas inversiones en torno a los 80 millones de euros los siete años de vigencia del PDRS, de los cuales el 60%, 25,5 millones de euros, los financiará la Institución foral y el 40%, 17 millones de euros, FEADER.