Bizkaia articula una acción conjunta para impulsar la inversión en eficiencia y acción climática de su tejido empresarial

La Diputación Foral de Bizkaia da un paso más para vincular su acción de gobierno con la transición ecológica, coordinando los departamentos de Hacienda y Finanzas, Medio Natural y Agricultura, y Promoción Económica

Proyectos de transición energética. Foto: DFB

Descarbonizar la industria del territorio y reforzar la protección del medio ambiente son los objetivos que persiguen la reformulación de los incentivos fiscales medioambientales en el Impuesto sobre Sociedades aprobada en el marco de la revisión fiscal de abril de 2025. Esta nueva configuración ha requerido la modificación del Reglamento del Impuesto en esta materia.

En este contexto, y fruto de la colaboración entre los departamentos de Hacienda y Finanzas y de Medio Natural y Agricultura, se ha aprobado la Orden Foral 9520/2025, que regula el nuevo régimen del Certificado de Idoneidad Ambiental, uno de los documentos necesarios para la aplicación por parte de las empresas de la deducción por inversiones que contribuyan al desarrollo sostenible, la reducción del impacto ambiental, la transición energética o la economía circular en el Impuesto sobre Sociedades.

La disposición actualiza y ordena el procedimiento para acreditar la nueva deducción regulada en el artículo 65 de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades, aprobada mediante la citada revisión fiscal. El objetivo es claro: garantizar que los beneficios fiscales se concedan únicamente a aquellas inversiones que generen una mejora ambiental real y demostrable.

Con esta medida, la Diputación beneficiará y acompañará a todas las empresas de Bizkaia que se encuentren inmersas en procesos de descarbonización de su actividad productiva. Para cada empresa, la ventaja fiscal dependerá del importe de la inversión certificada y del porcentaje de deducción aplicable. A modo ilustrativo, una inversión de 1.000.000 de euros podría suponer un ahorro fiscal de entre 150.000 y 350.000 euros, dependiendo de la tipología de la deducción y del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa.

Más allá del impacto económico, la Diputación subraya que el efecto ambiental es el elemento central de la medida: incentivar inversiones que reduzcan emisiones, mejoren la eficiencia energética, impulsen tecnologías limpias o favorezcan la reutilización y valorización de recursos en el territorio.

Un certificado con efectos fiscales

El Certificado de Idoneidad Ambiental se articula mediante una resolución que emite el Departamento de Medio Natural y Agricultura que acredita, exclusivamente a efectos tributarios, que una inversión encaja en las tipologías incentivadas en la normativa del Impuesto sobre Sociedades. Este certificado es vinculante para la Hacienda Foral, otorgando seguridad jurídica al inversor.

Las deducciones van dirigidas a:
   • La generación de energía renovable, hidrógeno verde o combustibles renovables para el autoconsumo.
   •  El consumo de energía renovable, hidrógeno verde o combustibles renovables.
   •  El transporte y distribución exclusivamente de renovables, hidrógeno verde o combustibles renovables.
   •  La captación de emisiones para la generación de energías renovables para autoconsumo, almacenamiento geológico permanente o su utilización en procesos renovables.
   •  La reducción, reciclado y valorización material de residuos en la propia actividad productiva.

Más rigor técnico y mejoras cuantificables

La nueva regulación introduce mayor detalle en la documentación exigida y refuerza los criterios técnicos. Las empresas deberán presentar una memoria que describa el proyecto, el proceso antes y después de la inversión y la mejora ambiental obtenida. Cuando la normativa lo exija, esa mejora deberá acreditarse en términos cuantificables.

La Orden Foral deja claro que el simple cumplimiento de obligaciones legales no puede considerarse mejora ambiental a efectos de deducción. Es decir, el incentivo fiscal está reservado para actuaciones que vayan más allá de lo exigido por la normativa.

La solicitud deberá realizarse de forma electrónica, de manera individualizada por cada proyecto, y la Administración contará con un plazo máximo de seis meses para resolver.

La Orden Foral deroga expresamente la regulación anterior de 2022 y establece un marco actualizado y estructural. No se trata de una disposición normativa con efectos temporales limitados, sino de un instrumento estable vinculado al Impuesto sobre Sociedades y a su régimen de deducciones ambientales.

Otros proyectos de transición verde

Este refuerzo de la fiscalidad verde, fruto de la colaboración entre los departamentos de Hacienda y Finanzas y de Medio Natural y Agricultura, se suma a otras iniciativas que la Diputación Foral de Bizkaia impulsa desde el Departamento de Promoción Económica para acompañar la transición ecológica del tejido empresarial. Entre ellas destaca el programa Transición Verde, dirigido a pymes industriales, del transporte, la construcción o el comercio mayorista, que contempla ayudas a fondo perdido de hasta 10.000 euros para medir el impacto ambiental y de hasta 120.000 euros para inversiones verdes o proyectos de innovación ambiental y economía circular.

A ello se suman servicios como EgokINN, que ofrece formación avanzada y acompañamiento personalizado para detectar nuevas oportunidades de negocio vinculadas a la transición ecológica; proyectos estratégicos como el Energy Intelligence Center, un entorno colaborativo de I+D+i para avanzar en la descarbonización industrial y el desarrollo del hidrógeno y combustibles renovables; o el Global Smart Grids Innovation Hub, centro de referencia en redes eléctricas inteligentes impulsado junto a Iberdrola.

Además, la Diputación apoya la formación especializada en ámbitos como la energía sostenible mediante becas de hasta el 75 % de la matrícula y participa, a través del fondo FEIS de Seed Capital Bizkaia, en la financiación de proyectos de emprendimiento e impacto social vinculados a la economía circular.

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