La Política Agraria Común, la PAC, es el instrumento de la Unión Europea para ordenar el sector agropecuario y garantizar un suministro estable de alimentos y un nivel de vida digno de los agricultores. Pero este es un sistema sujeto a continuas reformas y que no contempla la regionalización de muchos de sus programas, algo que critica el Gobierno vasco.

Mediante la Política Agrícola Común (PAC) la UE quiere garantizar que la agricultura siga siendo sostenible y competitiva. Para ello, destina fondos europeos que se orientan en tres líneas: ayudas a la renta de los agricultores, basadas en la orientación de mercado y vinculadas a la sostenibilidad medioambiental, la salud y el bienestar de los animales y la seguridad de los alimentos; medidas de mercado, para equilibrar el impacto sobre los mercados comunes agrícolas vulnerables de factores externos tales como condiciones meteorológicas adversas o una alta volatilidad de los precios; y programas de desarrollo rural. Estas medidas se financian con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
Para el periodo 2014-2020, el presupuesto previsto de la PAC supera los 408.000 millones euros en fondos europeos, de los cuales unos 308.000 millones se destinan a pagos directos y medidas de mercado (el llamado primer pilar) y unos 100.000 millones, al desarrollo rural (el segundo pilar). Al Estado le corresponde un montante global de unos 45.000 millones de euros para todo este periodo. En este contexto, el Gobierno vasco siempre ha defendido una mayor presencia de las regiones en la definición de la PAC. Así, la consejera Arantxa Tapia ha cuestionado el nuevo modelo de PAC que plantea el Gobierno español para su reforma, ya que “no aborda ninguna cuestión de fondo, elude los problemas de la actual PAC y aboga por mantener el ‘statu quo’ actual”.
Frente a este modelo, el Gobierno vasco apuesta por una PAC “con una subsidiariedad mayor” y más flexible para que se adapte a las características de cada territorio, un esquema “más duradero y no sujeto a reformas permanentes”, que facilite el relevo generacional, y que dé prioridad a las explotaciones familiares. La consejera Tapia también resaltó la importancia de que los apoyos de la PAC se destinen únicamente a productores que verdaderamente ejercen la actividad agraria y no a exploraciones inactivas. Mientras tanto, las ayudas directas de la PAC en Euskadi para este ejercicio superan los 48 millones de euros.
Reglamento Ómnibus Recientemente, en la revisión de todo el marco financiero plurianual para el periodo 2014-2020, el llamado Reglamento Ómnibus, el Consejo de Ministros de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo en algunas materias agroganaderas.

El acuerdo agrícola recoge, por ejemplo, el aumento de las ayudas a los jóvenes agricultores (las subvenciones adicionales podrán ser hasta un máximo del 50% superiores a la ayuda básica, frente al 25% actual, y desaparecerán los límites mínimo y máximo de hectáreas por explotación), además, facilita la aplicación de las exigencias ecológicas introducidas tras la última reforma agraria.
Se mejora la capacidad de actuación de las organizaciones de productores, al extender a todos los sectores agrícolas la posibilidad de gestionar conjuntamente su producción y proceder a negociaciones colectivas con los otros operadores de la cadena alimentaria, posibilidad hasta ahora reservada solo a la leche, el aceite de oliva, el vacuno y los cereales.
A petición del Parlamento Europeo se ha logrado, igualmente, flexibilizar las exigencias medioambientales introducidas en la última reforma de la PAC para acceder a los pagos directos, con el fin de facilitar su aplicación por parte de los agricultores.