El pleno del Congreso de los Diputados respaldó el pasado 23 de noviembre, por amplia mayoría, la modificación del Concierto Económico y la nueva ley del Cupo. La primera salió adelante con 294 votos a favor y 36 en contra (de Ciudadanos y Compromís) y la segunda fue aprobada con 292 votos a favor, 36 en contra (también Ciudadanos, que presentó sendas enmiendas a la totalidad, que fueron rechazadas, y Compromís) y dos abstenciones (EH Bildu).
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quiso dejar claro que el Cupo no es un privilegio “ni moneda de cambio” de nada (por alusiones a una supuesta concesión a los nacionalistas vascos para que estos den su apoyo a los presupuestos del Gobierno central del año que viene), sino que es una “singularidad” que beneficia al País Vasco, pero también al conjunto del Estado. Montoro recordó que el Cupo representa lo que Euskadi contribuye a las arcas del Estado por las competencias que éste presta en la Comunidad Autónoma que no están transferidas. Y, según las leyes ahora aprobadas, ascenderá a 1.300 millones anuales en el próximo quinquenio.

Además, el ministro señaló que esas competencias del Estado ascienden a 185.000 millones, pero el País Vasco paga de esa cantidad el 6,24%, que es lo que se calcula que representa la economía vasca en la economía nacional. De la cifra resultante (11.000 millones) se restan, a su vez, los ajustes por ingresos no tributarios, los tributarios no concertados y el déficit público, siempre aplicando ese 6,24%. Una vez realizados estos ajustes y compensaciones, se establece el Cupo líquido a pagar; los citados 1.300 millones de euros.
En el debate del Congreso, los grupos mostraron algunas discrepancias –la mayoría no con el Concierto Económico, un derecho histórico recogido y garantizado en la Constitución española, sino con la forma de calcular el Cupo–, pero la mayoría se mostró favorable a las dos leyes.