Pradales propone un canon para los camiones, al que se oponen los transportistas
- Estrategia Empresarial
- 07-Julio-2021
La Diputación vizcaína considera necesario el “pago por uso”.
La Diputación Foral de Bizkaia plantea incorporar de manera gradual un sistema de pago por uso de las carreteras que incentive que los camiones de más de 3,5 toneladas usen las vías de alta capacidad. Para ello, prevé aplicar un canon a estos vehículos de transporte de mercancías mediante la colocación de una treintena de arcos de control en la N-240, BI-625, N-636, A-8 y Txorierri, un sistema que podría comenzar a funcionar “al menos parcialmente” en otoño de 2022.
Así lo anunció, en una comparecencia en las Juntas Generales, a petición propia, el diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Imanol Pradales. Según dijo, esta propuesta constituye “un primer paso alineado con las políticas más avanzadas de Europa” para acabar con “los desequilibrios” que soportan algunas vías vizcaínas, contribuir “de manera decisiva” a la reducción de las emisiones de CO2 y mejorar la seguridad vial.
En esta línea, Pradales defendió que, para abordar la transición hacia una movilidad “más sostenible y ordenada”, es necesario “utilizar el instrumento que se aplica en el conjunto de la UE” del sistema del pago por uso. Añadió que diseñarán “una norma con máximas garantías jurídicas” que va a “seguir escrupulosamente los principios que marca de Directiva europea”.
La propuesta ya ha sido rechazada por el colectivo de los transportistas. Por ejemplo, la Asociación de Transportistas Autónomos Vascos (Asotrava) ha mostrado su oposición y ha advertido de que se trata de una medida “llanamente recaudatoria para cubrir el déficit de las cuentas públicas”.
Por su parte, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), que ha presentado una querella criminal contra la diputada foral de Gipuzkoa Aintzane Oiarbide por mantener el cobro del canon en la N-I y la AP-15, ha advertido que estará “vigilante” con respecto a las intenciones de Bizkaia, ante una medida sobre la que cuestionan su eficacia.
Así lo anunció, en una comparecencia en las Juntas Generales, a petición propia, el diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Imanol Pradales. Según dijo, esta propuesta constituye “un primer paso alineado con las políticas más avanzadas de Europa” para acabar con “los desequilibrios” que soportan algunas vías vizcaínas, contribuir “de manera decisiva” a la reducción de las emisiones de CO2 y mejorar la seguridad vial.
En esta línea, Pradales defendió que, para abordar la transición hacia una movilidad “más sostenible y ordenada”, es necesario “utilizar el instrumento que se aplica en el conjunto de la UE” del sistema del pago por uso. Añadió que diseñarán “una norma con máximas garantías jurídicas” que va a “seguir escrupulosamente los principios que marca de Directiva europea”.
La propuesta ya ha sido rechazada por el colectivo de los transportistas. Por ejemplo, la Asociación de Transportistas Autónomos Vascos (Asotrava) ha mostrado su oposición y ha advertido de que se trata de una medida “llanamente recaudatoria para cubrir el déficit de las cuentas públicas”.
Por su parte, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), que ha presentado una querella criminal contra la diputada foral de Gipuzkoa Aintzane Oiarbide por mantener el cobro del canon en la N-I y la AP-15, ha advertido que estará “vigilante” con respecto a las intenciones de Bizkaia, ante una medida sobre la que cuestionan su eficacia.
