El Consejo de Ministros remitió a las Cortes el pasado 19 de mayo el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética para cumplir los objetivos del Acuerdo de París de 2015. Se pretende facilitar así “la descarbonización de la economía española, de modo que se garantice el uso racional y solidario de los recursos; promover la adaptación a los impactos del cambio climático; e implantar un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo decente”.
Para 2030 y, sin perjuicio de las competencias autonómicas, se deben reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% respecto a 1990, alcanzar una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de un 35%, conseguir un sistema eléctrico con un 70% de generación a partir de renovables y mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en un 35%, con respecto a la línea de base conforme a normativa comunitaria.