El Gobierno vasco y las tres diputaciones han alcanzado un acuerdo para renovar la metodología de distribución de recursos y de determinación de las aportaciones de las instituciones forales a la financiación de los presupuestos de Euskadi. La nueva ley, continuista en el fondo, estará vigente entre 2022 y 2026.

Diez años después de que expirara su vigencia y fuera, año tras año, prorrogada, las instituciones vascas han logrado acordar una nueva Ley de Aportaciones, que estará vigente entre 2022 y 2026. El acuerdo se rubricó el pasado 15 de julio en un Consejo Vasco de Finanzas Públicas extraordinario; el Consejo de Gobierno tendrá que aprobar ahora el Proyecto de Ley que se remitirá al Parlamento Vasco, para su ratificación.
Según se ha señalado desde el Ejecutivo, el acuerdo alcanzado “recoge las reivindicaciones que las distintas instituciones han venido reclamando durante la vigencia de la actual metodología” y, sobre todo, “pone en valor la incorporación de los preceptos que se derivan de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi (LILE), con un capítulo especialmente dedicado a la financiación municipal”. La nueva Ley de Aportaciones es, en el fondo, continuista, aunque presenta algunas novedades.
Por ejemplo, el coeficiente vertical –el que reparte el dinero recaudado entre el Gobierno y las diputaciones– se incrementa del 70,04% al 70,81%, fundamentalmente por la integración de los nuevos traspasos asumidos por el Ejecutivo vasco en los últimos años. Dicho coeficiente atiende al reparto competencial de los distintos niveles institucionales y además, refleja la integración de la cuantía correspondiente al Fondo de Servicios Sociales en el modelo de distribución vertical que se amplía hasta 35 millones de euros, desde los 20 millones actuales.
En cambio, se mantiene la metodología para el cálculo de los coeficientes horizontales de aportación: Bizkaia continuará con el 50,39%; Gipuzkoa, con el 33,34%; y Álava, con el 16,27%.

En cuanto al Fondo General de Ajuste, se mantiene el objetivo de asegurar que

el peso relativo de la recaudación de cada diputación foral alcance el 99% de su coeficiente horizontal. El límite máximo de este Fondo aumenta hasta el 1,45% de los recursos a distribuir entre las instituciones vascas, frente al 1% fijado por la Ley de Aportaciones vigente hasta ahora, lo que, a juicio del Ejecutivo, “aumenta las garantías para los territorios históricos”. Y, finalmente, se establece en un 39,23% el porcentaje mínimo de participación de las entidades locales en los tributos concertados. Así, consolidarán un porcentaje de participación en los tributos concertados superior al actual.
Prórrogas
La Ley de Aportaciones es la normativa que regula el reparto de los ingresos tributarios entre las diputaciones forales –las instituciones competentes en materia de recaudación– y el Gobierno vasco, del que dependen la mayor parte de los servicios públicos que se prestan en Euskadi. Su origen es la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de ‘Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos’. La última modificación data de 2011, y desde entonces se ha ido prorrogando ya que no se ha podido llegar a un consenso durante este tiempo.
La nueva Ley, por tanto, pone fin a 10 años de debate y polémica en un tema tan delicado como la actualización de la metodología de reparto de los dineros recaudados por los territorios. Un período en el que se han manifestado las distintas sensibilidades al respecto, que han impedido elaborar un sistema que, ahora sí, satisface a todas las instituciones, según el Gobierno.
El acuerdo permitirá disponer de la nueva Ley de Aportaciones aprobada antes del Consejo Vasco de Finanzas Públicas de octubre, lo que posibilitará que las instituciones elaboren los presupuestos del ejercicio 2022 aplicando la nueva metodología. Para el lehendakari, Iñigo Urkullu, este acuerdo, que “marcha un hito”, es “fundamental para afrontar unidos, y desde una base firme, el proceso de recuperación económica y el empleo; una inversión en estabilidad para responder a los retos de las transformaciones globales que afrontamos como país”.