El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sancionado con 30 millones de euros el retraso en la recuperación de los incentivos fiscales concedidos a cerca de 300 empresas vascas en los años noventa

Las diputaciones forales y el Gobierno vasco decidirán en breve, en el Consejo Vasco de Finanzas Públicas (CVFP), qué porcentaje asumirá cada institución de la multa de 30 millones de euros que ha impuesto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por el retraso en la recuperación de los incentivos fiscales concedidos a cerca de 300 empresas vascas en la década de los noventa, y que la Unión Europea declaró ilegales.
El Tribunal ha rebajado, no obstante, la cuantía de la sanción, que la Comisión Europea situaba en 64,5 millones de euros, y que la abogada general de la UE (que representa el papel de la Fiscalía) había estimado en 50 millones. Pese a que la multa ha quedado en menos de la mitad de lo que se pedía inicialmente, en Euskadi se considera “desmedida” e “injusta”, teniendo en cuenta, además, que las ayudas que se consideraron ilegales ya están recuperadas.
Y en este punto es en el único en el que, en principio, están de acuerdo todas las partes afectadas; es decir, las instituciones y las empresas. El diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, considera “excesiva e injusta” la multa. El director de Hacienda de la Diputación de Gipuzkoa, Xabier Olano, ha dicho que “la cantidad es enorme”. Y en términos similares se ha manifestado, Javier de Andrés, diputado general de Álava.
Para el consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno vasco, Ricardo Gatzagaetxebarria, la sanción es “desproporcionada”, calificativo reiterado por el lehendakari. “Es la señal de que vivimos en una Unión Europea sin alma”, decía Iñigo Urkullu.
Aunque Confebask aún no ha opinado sobre la sentencia, la territorial vizcaína, Cebek, ya ha manifestado su disgusto por una multa “absolutamente desmesurada y desproporcionada”, máxime cuando ya se han devuelto las ayudas.

Pero donde no hay acuerdo, al menos por ahora, es en el porcentaje que asumirá cada institución de los 30 millones de multa. Desde Bizkaia se había planteado inicialmente que cada entidad foral afrontase una parte del pago proporcional a las ayudas ilegales concedidas, aunque, posteriormente, José Luis Bilbao ha pedido prudencia (lo mismo que el Ejecutivo autónomo) y no llevar al CVFP propuestas concretas. Javier de Andrés estima que el Gobierno vasco debe asumir el 70% de la sanción, ya que es ese porcentaje el que recibe de los ingresos fiscales de las haciendas forales, razonamiento que comparte Gipuzkoa. Pero será en el CVFP donde habrá que definir todos estos términos.
También hay una polémica abierta en torno a las responsabilidades políticas por esta sanción. Y un elemento añadido fue el reproche que hizo José Luis Bilbao a Confebask, durante el almuerzo que siguió a la Asamblea General de Cebek. El diputado general de Bizkaia dijo que había “echado de menos” el respaldo de la patronal vasca a la hora de recuperar las ayudas, a lo que el presidente de Confebask, Miguel Ángel Lujua, que consideró “excesivo” el comentario de Bilbao, respondió que las empresas “no fueron culpables”, que se acogieron a una ayudas que eran “legales” y que “no creíamos adecuado pagar”.