En la Comunidad Autónoma del País Vasco están registradas a cierre de 2023, un total de 479 fundaciones activas, según un estudio del Protectorado de Fundaciones del País Vasco, adscrito al Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno del Gobierno vasco, que analiza el impacto de estas entidades en Euskadi. 
Definidas como entidades sin ánimo de lucro que operan en diferentes ámbitos (educación: residencias y servicios sociales; cooperación al desarrollo; cultura y museos; tecnologías e investigación…), generan un importante impacto social, económico y valor añadido, ya sea a una persona que visita una fundación-museo, a través de oportunidades laborales a personas con discapacidad, o por medio de ahorro en las administraciones por la reinserción de personas drogodependientes, por citar algunos ejemplos.

1.447 millones de ingresos generados por estas entidades

En cuanto a su impacto económico, las fundaciones suponen el 1,04% del Producto Interior Bruto vasco (PIB) y dan empleo directo a más de 15.000 personas, según establece el citado informe que recoge, a su vez, la estructura, características y datos relacionados con su actividad, además de revelar que contribuyeron a generar más de 896 millones de euros de valor añadido en 2022. 
Cuentan en Euskadi con un patrimonio neto que supera los 7.500 millones de euros y durante el ejercicio 2022 destinaron más de 1.100 millones a fines fundacionales.
Por su parte, el gasto per cápita destinado a esos objetivos se cifra en 503 euros, y el sector es capaz de devolver a la sociedad a través de operaciones de mercado 2,71 euros por cada euro de financiación pública.
En cuanto al volumen de ingresos generados por las fundaciones, ha ascendido a 1.447 millones de euros, el 57% procedente de la financiación privada y el resto de origen público, lo que representa, en términos nominales, la mejor cifra de ingresos de su historia.
Respecto a la financiación privada de las fundaciones, proviene de ingresos financieros, herencias, donaciones privadas, cuotas de personas usuarias, así como por la prestación de servicios o venta de productos. Por su parte, las subvenciones públicas deben servir a fines de interés general y por ello, las administraciones públicas conceden ayudas a los servicios que las fundaciones realizan en áreas como las residencias de ancianos, la investigación o los museos y el patrimonio cultural. 
Sobre su modelo empresarial, la mayoría son microentidades, y tienen un gasto anual inferior a 300.000 euros. Estas suponen casi la mitad, frente a un 11% que representan las grandes o muy grandes, con entre cinco y 25 millones de euros de presupuesto de gasto anual. La antigüedad media de estas entidades es de 25 años y son las pertenecientes al área de residencias las que más años de dedicación acumulan.

Las fundaciones vascas tienen un patrimonio neto superior a los 7.500 millones, destinan más de 1.100 millones a fines fundacionales y generan 896 millones de valor añadido

Valor social
Más allá del impacto económico, el informe también pone el foco en el valor social generado a la sociedad vasca por las fundaciones. En este sentido, destaca la dimensión de las personas involucradas en la atención y gestión de estas entidades, así como su papel clave para la puesta en marcha de acciones que redunden en beneficio del interés general.
Así, seis de cada diez fundaciones cuenta con personal remunerado contratado y son las  relacionadas con fines tecnológicos las que tienen un mayor porcentaje de contratación de personal. Las mujeres suponen un 56% del personal remunerado (el 87% en el área de residencias de mayores), en un contexto laboral en 2022 en el que ellas representaban un 48% de las personas ocupadas en la Comunidad Autónoma de Euskadi.
En estas entidades es muy importante la labor de las personas voluntarias, y casi cuatro de cada diez fundaciones cuenta con personas voluntarias.