Las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) han alcanzado un tamaño y una penetración social que las convierten en una pieza central del sistema de bienestar vasco. Según los datos expuestos por la directora de Política Financiera y Previsión Social del Gobierno vasco, Arantza Larrauri, en el  Foro Ekonomistak, las EPSV suman un patrimonio superior a 32.000 millones de euros (33% del PIB), cuentan con 1.186.842 personas socias (aprox. el 35% de la población) y registraron en 2025 aportaciones por 532 millones de euros y prestaciones por 531 millones de euros. 

En su intervención, ha recalcado que las EPSV no sustituyen a la pensión pública: la complementan. Su crecimiento supone una mayor seguridad para los futuros pensionistas y una herramienta colectiva para garantizar ingresos suficientes en la jubilación. El Gobierno vasco, junto con las Haciendas Forales, ha impulsado reformas para aumentar la transparencia, reducir costes y fomentar inversiones responsables, al tiempo que mejora sistemas de información y educación financiera para facilitar la toma de decisiones por parte de la ciudadanía. 

Hasta llegar a la fotografía de situación a día de hoy, la directora de Política Financiera y Previsión Social ha hecho un repaso a la gestación y desarrollo de estas herramientas de ahorro. En este sentido, ha recordado que las EPSV nacieron como respuesta a una realidad industrial y colectiva propia: la Ley de 1983 recogió la previsión social ligada a empresas y centros de trabajo, creando un segundo pilar de protección complementaria que ha evolucionado hasta hoy. Este modelo, que se desarrolló ampliamente a través de la negociación colectiva y los convenios, ha permitido integrar a miles de trabajadores en esquemas de previsión adicionales a la Seguridad Social. Posteriormente, la fiscalidad favorable promovida desde 1989 impulsó también el desarrollo del tercer pilar (ahorro individual) a través de entidades financieras. “Nuestra normativa fue además pionera en el Estado, y la trayectoria legislativa culminó con la Ley de 2012, que consolidó el marco de las EPSV y su función social”, ha puesto en valor. 

En 2005 el Gobierno vasco aprobó un Plan de Previsión Social que marcó un objetivo ambicioso: alcanzar una cobertura del 70% de la población trabajadora mediante el fomento de cláusulas de previsión social en los convenios, aportaciones compartidas empresa/trabajador y el impulso del cobro en forma de renta.

Situación actual y reformas recientes

Hoy las EPSV muestran “una situación esperanzadora” tras una batería de reformas destinadas a reforzar su papel complementario. El Decreto 13/2024 introdujo medidas clave: impulso de inversiones socialmente responsables, mayor participación de las personas socias en los órganos de gobierno, exigencias de paridad, definición de operaciones vinculadas, nuevos datos en el Fichero General de Socios y —muy relevante— reducción de los gastos de administración para abaratar las pensiones finales.

Se ha definido un umbral técnico para asegurar que, cuando los derechos económicos acumulados superen cierta cuantía (relacionada con 2,5 veces la prestación anual mínima de jubilación de la Seguridad Social con cónyuge a cargo), el pago se realice en forma de renta (vitalicia o financiera a 15 años), garantizando así una complementación estable a la pensión pública. No obstante, los estatutos pueden permitir hasta un 20% en capital si el plan lo contempla. En la actualidad existen tres EPSV preferentes relevantes (Geroa, Elkarkidetza y LagunAron), que concentran una parte significativa de la previsión social en Euskadi. 

Además, ha recordado Larrauri, se han impulsado planes dirigidos al colectivo de autónomos, en colaboración con las Cámaras de Comercio y las Diputaciones Forales, para extender instrumentos adaptados a sus necesidades.

En el tramo final de su intervención, ha dejado un mensaje a modo de valoración para concienciar de la relevancia de las EPSV: “Pensar en la jubilación es un ejercicio de responsabilidad colectiva”. Las EPSV son una oportunidad real, ha dicho, para fortalecer el bienestar futuro de las personas trabajadoras y del conjunto del país: complementan la pensión pública, mejoran la previsibilidad de ingresos y, con las reformas en marcha, se hacen más accesibles, transparentes y eficientes. “El reto ahora es extender su cobertura y garantizar que sus beneficios lleguen a quienes más lo necesitan”, ha concluido.