La década de desencuentro entre los gobiernos vasco y central en torno al Cupo ha concluido tras el acuerdo entre el PNV y el PP para el apoyo del primero a los Presupuestos Generales del Estado para 2017, que incluye, entre otros asuntos, las liquidaciones pendientes y la determinación del importe provisional correspondiente al ejercicio en curso.

El consejero de Hacienda y Economía del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, y el ministro del ramo, Cristóbal Montoro, suscribieron el 2 de mayo un acuerdo en torno a las liquidaciones pendientes desde 2007 del Cupo (la cantidad que tiene que pagar anualmente Euskadi al Estado por los servicios que este presta) y al importe provisional del ejercicio en curso, además de comprometerse a aprobar este año una nueva Ley quinquenal de Cupo.
La devolución del Estado a Euskadi se ha fijado en 1.400 millones de euros para cerrar los ejercicios anteriores (2007-2016), –que se abonarán a razón de un 10%, 15%, 20%, 25% y 30% anual hasta 2021–. Asimismo, se ha fijado que el Cupo de 2017 será de 1.300 millones de euros (956 millones una vez descontados 344 millones de las políticas activas de empleo).
Este “acuerdo político y económico de alcance” en torno al Cupo –que se formalizará en una reunión de la Comisión Mixta de Concierto que se celebrará durante la segunda quincena del mes de mayo– ha sido calificado de “excelente” y “muy positivo” por Pedro Azpiazu, ya que “ha terminado con la incertidumbre financiera, con un problema enquistado”. “Debemos, por tanto, felicitarnos por haber normalizado y regularizado las relaciones financieras entre Euskadi y el Estado”, aseguró el consejero vasco. El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado sentirse “muy satisfecho” por el acuerdo sobre el Cupo, que refuerza el “sentido de bilateralidad” y de “autogobierno singular” de Euskadi y beneficia a “todos los vascos”. Además, para el lehendakari, supondrá una “paz fiscal” para Euskadi durante 15 años, que se traducirá en “estabilidad, inversión, crecimiento y empleo”.

Para el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, el acuerdo es “muy bueno, extraordinario. Son 1.400 millones de euros frente a los 800 que venía reconociendo el Estado en los 10 años anteriores. Eso es muy importante”. Su homólogo en Álava, Ramiro González, considera que “se trata de un acuerdo fundamental para el desarrollo económico de nuestro territorio. En un momento en el que estamos en plena recuperación, la estabilidad económica y las inversiones que garantiza este acuerdo supondrán un impulso decisivo para Álava y para Euskadi”.
Y el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, cree que con el acuerdo “ganan todas las instituciones vascas, lo que repercute en beneficio de la ciudadanía”. “El pacto nos despeja un elemento de incertidumbre de peso y, de cara al futuro, la paz fiscal nos aporta tranquilidad y estabilidad para poder seguir desarrollando nuestras políticas”, señala el responsable foral.