Las previsiones que recientemente presentó el consejero Azpiazu nos enfrentan a la cruda realidad. A unas estimaciones de caída del PIB vasco cercana al 9% y de una destrucción de unos 68.000 puestos de trabajo para este año, se une un descenso real de la recaudación fiscal de 1.170 millones, superior al 21% hasta mayo, que podría alcanzar los 2.800 millones menos en el conjunto del ejercicio. Estos primeros datos nos permiten comenzar a apreciar la oscuridad del túnel en el que nos encontramos sumergidos. Pocas veces el consejero de Hacienda y Economía ha sido tan explícito y se ha expresado con tanta preocupación como el pasado día 9: “una de las comparecencias más difíciles de la legislatura”, señaló grave. La excepcionalidad y profundidad de la crisis obligan a tomar decisiones extraordinarias. Se ha comenzado con las inyecciones de liquidez, las medidas sociales y los planes renove, y habrá que esperar al nuevo Gobierno que salga del 12-J para conocer el ambicioso plan de reactivación que se está bosquejando, acompañado de un presupuesto anticíclico. La parte positiva es que se espera que, una vez toque fondo la situación, la recuperación será intensa, pero aún tardaremos dos años en volver a niveles precovid. Para aprovechar este rebote se requerirían acuerdos básicos entre las instituciones, los partidos y los agentes socioeconómicos. Esperemos estar a la altura.