La Comisión ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en relación con la normativa sobre la protección de los denunciantes de irregularidades. La Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, obliga a los Estados miembros a proteger a los denunciantes (es decir, personas que proporcionan información adquirida en un contexto laboral sobre infracciones del derecho de la Unión) de cualquier forma de represalia. Los Estados miembros debían incorporar dicha normativa en su derecho interno a más tardar el 17 de diciembre de 2021. Pues bien, la Comisión abrió un procedimiento de infracción contra España por no haber transpuesto la mencionada directiva dentro del plazo impuesto. La Comisión no ha quedado satisfecha de las respuestas de España a su carta de emplazamiento y a su dictamen motivado, y ha decidido remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la UE.