Consenso es la palabra más repetida en el debate sobre la reforma fiscal. Gobierno, diputaciones, asociaciones empresariales y partidos políticos se están manifestando en torno a la modificación de las normas tributarias y hay opiniones diversas; pero todos coinciden en que la reforma debe basarse en el acuerdo.

Las tres diputaciones forales llevan ya un tiempo trabajando en el diseño de la nueva fiscalidad en Euskadi, un proyecto en el que también colabora el Gobierno vasco y que se podría presentar tras el verano, con la intención de que pueda entrar en vigor en 2018. El objetivo es analizar los efectos de la reforma que entró en vigor en 2014 –con los apoyos del PNV, PSE y PP– y modificar las normas para adaptarlas al actual escenario económico. No resulta una tarea fácil porque, mientras los responsables forales hablan de “ajustes fiscales”, el Ejecutivo apuesta por una reforma “de fondo y estructural”; aunque ambas partes dejan un amplio espacio entre estos dos extremos.
El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha reiterado en varias ocasiones la postura del Gobierno, y hasta el propio lehendakari ha corroborado la necesidad de una “revisión” del sistema fiscal, aunque ha recalcado que el “esfuerzo impositivo no debe recaer sobre las clases medias o bajas”. En su intervención durante un pleno de control al Ejecutivo, Iñigo Urkullu recordó que las medidas tributarias son competencia de las Juntas Generales de cada territorio, pero también dejó claro que el objetivo fundamental de una posible reforma fiscal es “garantizar el sostenimiento de los servicios públicos esenciales”, y contar con recursos para fomentar la competitividad y la creación de empleo.

Eso es lo que piden las asociaciones empresariales, que consideran excesivamente gravosos algunos impuestos, como el de Sociedades, y quieren que se equipare al de territorios y países del entorno. Lo reivindicó Cebek en su Asamblea General, y lo enfatizó Juan Ugarte, secretario general de SEA Empresarios Alaveses, en unas jornadas sobre fiscalidad, celebradas en Vitoria-Gasteiz. La fiscalidad debe buscar una “fórmula” que garantice la competitividad de las empresas y, al mismo tiempo, asegure los ingresos del estado del bienestar, dijo Ugarte.

Consenso
En ese mismo foro, el diputado general de Álava, Ramiro González, aseguró que la fiscalidad “no va a sufrir cambios bruscos”, y rechazó modificaciones marcadas “por urgencias políticas” o que respondan a la “necesidad imperiosa de lograr un rápido incremento de recaudación en un momento puntual”.
Se mostró convencido de que “es posible incrementar la recaudación al tiempo que garantizamos la competitividad de nuestras empresas”. En esas jornadas, junto al diputado general de Álava estuvo el responsable de Hacienda del territorio, José Luis Cimiano, quien destacó que la anterior reforma había dado sus frutos, pero que la Diputación alavesa quiere “mejorarla con nuevas medidas”.

En cualquier caso, todos son partidarios de abordar la reforma con sosiego y alcanzar el consenso, porque “el acuerdo y el pacto son necesarios para cualquier decisión de calado que afecte a la ciudadanía”, como dijo Cimiano.
El consejero Azpiazu también dijo que la reforma debe acometerse “en conjunto, en colaboración y en cooperación” y apeló al “máximo consenso” para evitar que la reforma fracase. Iñigo Urkullu, por su parte, subrayó, en el Parlamento que no se debe utilizar el debate sobra la reforma fiscal como “arma arrojadiza” con fines políticos, y reiteró que cualquier modificación de las normas tributarias debe hacerse “desde el consenso”.
Cabe señalar, finalmente, que las haciendas vascas implantarán a partir del 1 de enero de 2018 un sistema de gestión del IVA basado en el Suministro Inmediato de Información (SII), una medida que simplifica la gestión y que pretende reforzar la eficacia en la lucha contra el fraude.