El Gobierno vasco ha empezado a estudiar cómo tratar de aminorar los efectos de la prórroga presupuestaria, y hará frente, también a esta realidad “con el mismo esfuerzo y compromiso por el bien común, desde el rigor y la honestidad”. Así se expresó el consejero de Hacienda y Economía del Ejecutivo autónomo, Pedro Azpiazu, al anunciar, el pasado 13 de diciembre, que se prorrogaban las cuentas de 2018, al no haber alcanzado los acuerdos necesarios para sacar adelante las de 2019.
“Lo primero que quiero trasladar es calma”, empezó diciendo Azpiazu, quien añadió que el Gobierno vasco “cuenta con los mecanismos necesarios, jurídicos y presupuestarios, para seguir garantizando el bienestar a la ciudadanía vasca e impulsando el desarrollo económico de Euskadi”. El consejero también quiso aclarar que “una prórroga tiene posibilidades de corrección importantes, pero no vamos a negar que también limitaciones”.
Recordó Azpiazu que el 12 de diciembre “dio una vuelta de tuerca”, trasladando a EH Bildu “una oferta que recogía sus peticiones de manera realista y responsable desde una visión estrictamente económica”. Esto es, “actualizar las cuantías a todas las personas pensionistas perceptoras de RGI para llegar a 858 euros en 2021; compromiso de individualización blindado por ley, pero conociendo el universo al que hubiera debido extenderse esta individualización, comenzando por las personas perceptoras más vulnerables, y promover la contratación indefinida, con tres años de compromiso de mantenimiento, y la aplicación del convenio de referencia, tomando los 1.200 euros como salario medio referencial en los programas de empleo incluidos en el acuerdo”. Sin embargo, no logó el respaldo. Según el consejero Azpiazu, el Gobierno “va a seguir trabajando. Como lo sabemos hacer. Con objetivos claros, realistas, comprome- tidos y viables”.