Son innumerables las manifestaciones legislativas que se vienen produciendo desde la ya vieja Ley 13/1995, de 18 de mayo, de contratos de las Administraciones Públicas hasta la reciente publicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directrices del P