Son innumerables las manifestaciones legislativas que se vienen produciendo desde la ya vieja Ley 13/1995, de 18 de mayo, de contratos de las Administraciones Públicas hasta la reciente publicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directrices del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, cuya entrada en vigor se producirá el día 9 de marzo de 2018, en su práctica totalidad. Por lo tanto, abandono el ejercicio estéril de enumerar tales modificaciones, no sin dejar constancia del efecto perturbador que
Hace apenas unas décadas, las leyes en general y, sobre todo, las normas básicas, permanecían en el tiempo. Hoy día, las leyes cambian, se modifican con rapidez, incluso las que pudiéramos llamar las normas cabecera. Ahora, ha llegado el turno a la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, otrora denominada Ley de Procedimiento Administrativo y que ha sufrido desde su largo devenir, año 1958, hasta nuestros días, diferentes denominaciones. Pues bien, el Boletín del pasado 2 de octubre de 2015, publica el Texto de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio
