Un total de 822 personas, 558 hombres y 264 mujeres, entraron el año pasado en la propiedad de 116 empresas de Gipuzkoa con el apoyo de los incentivos fiscales de la Diputación, realizando una inversión de casi 6,4 millones. Son las cifras anuales más altas, tanto en personas trabajadoras como en número de compañías, desde que se aprobara en 2016 la Norma Foral para el fomento de la participación, suponiendo un aumento del 34% en el caso de las personas beneficiarias respecto al año anterior, que ya marcó un récord. El acumulado de los siete años en los que esta normativa fiscal ha estado en vigor arroja unos registros de 548 empresas, 3.172 personas, y un desembolso total por parte de éstas de 39,1 millones.  
El balance de estos incentivos fiscales se ha dado a conocer en el marco de la tercera edición del ‘Día de la Participación’ que organiza la Diputación, una jornada realizada en el caserío Zabalegi de Chillida-Leku. La diputada general Eider Mendoza y la diputada de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos Ane Insausti han compartido la apuesta realizada por la institución foral en este ámbito y los resultados de sus políticas con representantes empresariales, política, sindicales y sociales del territorio. La jornada ha contado también con la presencia del diputado de Hacienda y Finanzas Jokin Perona, la ponencia de Sabin Azua, titulada ‘Comunidades de personas. Generar ventajas competitivas’, y con una mesa redonda en la que empresas como Smartlog, Sutargi y Mondragon Corporation han tratado el papel que juega la participación como “elemento clave para el talento sostenible”.
Además de los incentivos fiscales, la Diputación destina todos los años ayudas desde el departamento de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos para promover proyectos de participación en las empresas del territorio, orientados a generar conocimiento, crear y desarrollar herramientas, experimentar, y difundir la cultura participativa. Este año han sido un total de 23 iniciativas con una subvención de 736.000 euros. En los últimos 6 años se ha llegado a 680 empresas y 16.900 personas trabajadoras; el 85% se han destinado a empresas de menos de 100 personas y el 42% a la industria, alcanzando un volumen total de ayudas de 6,1 millones de euros. Asimismo, existe otra línea de ayudas dirigida a respaldar los procesos de transmisión empresarial, con 22 compañías beneficiarias este año y una inversión foral de 323.000 euros.  
En la misma línea, la Diputación desplegó una veintena de proyectos experimentales en sendas compañías, y cuenta desde 2016 con una herramienta de financiación –desarrollada con Elkargi– para financiar la entrada en el capital de las y los trabajadores. A través de avales se han apoyado este año 7 proyectos con préstamos de 2,1 millones euros. En total, en estos siete años, la cifra supera los 9 millones. Estas medidas forman parte de una estrategia integral desplegada por la institución foral durante más de una década para fomentar la participación en la empresa, ya sea en el ámbito de la gestión, en la toma de decisiones o en el capital, que fue reconocida en 2021 como práctica avanzada referencial por parte del profesor Jens Lowitzsch, una de las máximas autoridades en la materia, recogiéndola en su estudio ‘Participación financiera para una nueva Europa Social’.
En la apertura de la jornada, la diputada general, Eider Mendoza, ha afirmado que la participación de las personas trabajadoras es una “grandes fortalezas” del tejido económico e industrial del territorio. Se trata de una realidad con “mucho presente”, pero sobre todo “un valor importante de futuro”, ya que contribuye “enormemente al impulso de nuestro tejido económico e industria”. En este sentido, Mendoza ha recordado que impulsar la participación “mejora la competitividad” de las empresas, genera “más empleo y de mayor calidad” y, además, supone una “herramienta clave para incrementar el arraigo” de las compañías.
Por todo ello, Mendoza ha valorado “muy positivamente” el “recorrido colectivo” realizado por Gipuzkoa en este ámbito, así como los resultados de las medidas puestas en marcha para impulsarlo. “Al igual que defendemos un modelo de empresa cada vez más innovador, más abierto al mundo, más sostenible… también debemos profundizar en la cultura participativa de las organizaciones, para poder afrontar con mayor garantía las transformaciones que nos plantea el mundo de hoy”, ha reflexionado. La diputada general se ha comprometido en seguir “exprimiendo al máximo” su “competencia fiscal” y sus “programas de ayuda” para “acompañar el esfuerzo que viene realizando Gipuzkoa para integrar la participación dentro de su cultura organizacional y empresarial, así como a las personas trabajadoras que optan por asumir una participación en sus empresas ante una situación de relevo generacional o cambio en la dirección”.
Por su parte, Ane Insausti ha añadido que la cultura participativa es también “una palanca para abordar procesos de transformación clave como la conciliación corresponsable, la innovación, el intraemprendimiento o el talento. Respecto a último, necesitamos proyectos empresariales atractivos para fidelizar y atraer talento. Yuna empresa que favorece el crecimiento y la implicación de quienes la forman siempre será más atractiva que la que no lo hace”. 
A su juicio, “tenemos una tradición, una cultura en este ámbito que es una fortaleza evidente. Tenemos un ecosistema de acompañamiento que hace un buen trabajo. Tenemos un largo recorrido recorrido que ha sido reconocido a nivel europeo como un caso de éxito. Tenemos empresas y personas que hacen apuestas importantes por el futuro y con visión de largo plazo. Pero también tenemos un contexto lleno de incertidumbres que, más que respuestas, plantea preguntas. La experiencia nos muestra que las empresas basadas en modelos de participación responden mejor a las crisis y los tiempos de incertidumbre. Pero no podemos conformarnos. Tenemos que seguir dando pasos, apostando, y aprendiendo juntos, partiendo de la colaboración”.
Fiscalidad pionera
La normativa para el fomento de la participación de las personas trabajadoras se aprobó en diciembre de 2016 y entró en vigor el 1 de enero de ese año, con carácter retroactivo. Plantea ventajas para las dos partes que participan en este tipo de operaciones. En el caso de la persona compradora (es decir, la persona trabajadora que quiere participar en su empresa), fija una deducción en el IRPF del 15% para los hombres y del 20% para las mujeres a favor de la persona que entre en propiedad de la empresa. El crédito fiscal es de 6.000 euros en el caso de los hombres y de 8.000 euros en el de las mujeres. El incentivo es aplicable a lo largo de cuatro años y los límites anuales son de 1.500 euros para los hombres y 2.000 euros para las mujeres. En el caso de la parte vendedora, el límite de edad se redujo de 65 a 60 años, quedando exenta la ganancia patrimonial derivada de la venta (no es así si se hace a un operador externo).
Hace siete años, cuando se aprobó la Norma Foral, el objetivo principal era apuntalar las empresas al territorio y, con esto, anclar los centros de decisión como modo para hacer frente a las deslocalizaciones; incorporar a las personas trabajadoras en la gestión y en los procesos de toma de decisiones estratégicas, reforzando la competitividad de la empresa; fortalecer el compromiso de las y los trabajadores con el proyecto empresarial; y mantener el talento. Junto a esto, se incluyó la perspectiva de género en la normativa para ayudar a reducir las desigualdades que se dan en el ámbito empresarial.