En su intervención como ponente en el Foro Expectativas Económicas, celebrado en Bilbao, el lehendakari, Iñigo Urkullu, explicó que los dos partidos de coalición que sostienen su ejecutivo –PNV y PSE/EE–, están trabajando sobre la base del acuerdo de la reforma fiscal que entró en vigor en el año 2014, cuya vigencia terminó en la legislatura anterior.
Por ello, dijo, “estábamos obligados a hacer una relectura” de esa reforma, con el objetivo de “garantizar la sostenibilidad futura de los servicios esenciales” y como coadyuvante de la actividad económica y la generación del empleo. A su juicio, PNV y PSE-EE deben ser quienes “lideren” esa “reflexión” sobre la política fiscal, si bien aclaró que se hará desde “el consenso con la representación interinstitucional” y con otros partidos.
“Creo que no está en nuestro ADN perjudicar o castigar a nadie”, añadió Urkullu, y “no creo que el Gobierno (vasco) haya sido corregido ni tampoco que pretendamos corregir a nadie” en materia de política fiscal. Preguntado por el fraude en la RGI, el lehendakari señaló que el problema no está en la concesión, sino que debe controlarse la gestión.