Ubarretxena llama a proteger el empleo industrial vasco frente a los aranceles en su participación en la Conferencia para Asuntos relacionados con la Unión Europea

Reunión de la Conferencia de las Comunidades Autónomas para Asuntos relacionados con la Unión Europea (Carue), celebrada en Madrid. Foto: Irekia

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, ha intervenido en la reunión de la Conferencia de las Comunidades Autónomas para Asuntos relacionados con la Unión Europea (Carue), celebrada en Madrid, para reiterar la posición de Euskadi contraria a los aranceles del 50% impuestos a los productos siderúrgicos en el acuerdo suscrito en agosto de 2025 entre la Unión Europea y el presidente de Estados Unidos. En la conferencia, también ha tomado parte el director de Asuntos Europeos del Gobierno vasco, Mikel Antón.

Ubarretxena ha recordado que el Gobierno vasco mostró su preocupación por el marco comercial presentado y por su impacto directo sobre un sector estratégico para la economía vasca y por las consecuencias negativas que podía acarrear para la competitividad industrial europea.

En este contexto, la consejera se ha referido a la situación de Tubos Reunidos, que ha anunciado un ERE con 301 despidos, como reflejo del impacto real que las decisiones arancelarias están teniendo sobre la industria vasca. Ubarretxena ha expresado la preocupación del Ejecutivo vasco por la plantilla y sus familias, así como por las comarcas de Aiaraldea y Meatzaldea, donde se ubican las dos plantas afectadas por el ERE.

Desde esa premisa, ha apelado a la necesidad de articular una respuesta coordinada de todos los agentes —dirección, trabajadores, proveedores, acreedores e instituciones— con el objetivo de articular una solución que garantice la viabilidad futura de la empresa, sustentada en un plan serio, realista y solvente que permita recuperar su estabilidad y reforzar su competitividad. La consejera ha abogado una vez más por la importancia de la implicación del gobierno español y en concreto de la SEPI en la búsqueda de una solución compartida.

Temas clave: Política Industrial y Marco Financiero

Ubarretxena también ha defendido una política industrial estratégica, no proteccionista, basada en la especialización sectorial en ámbitos como la fabricación avanzada, la movilidad sostenible y las energías limpias, el impulso de clústeres empresariales que generan masa crítica, las alianzas público-privadas y una formación profesional de alto nivel que garantice talento cualificado. La consejera ha abogado por superar el actual modelo fragmentado de política industrial europea y por avanzar hacia proyectos industriales comunes, con objetivos claros, recursos compartidos y una ejecución coordinada.

En lo que se refiere al marco financiero, Euskadi ha solicitado mantener los programas operativos regionales con presupuestos diferenciados, reforzar la Política de Cohesión y avanzar hacia una gobernanza multinivel que reconozca el papel de las regiones.

Asimismo, Ubarretxena ha defendido firmemente que “la PAC debe mantener su propio presupuesto, reforzado, y que, en caso de que se eliminen el Feaga (Fondo Europeo Agrícola de Garantía) y Feader (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural), debe contar con un fondo específico. El Gobierno vasco rechaza categóricamente la idea de estructurar la PAC mediante planes nacionales únicos, ya que contradicen el principio de subsidiariedad y el modelo de gobernanza multinivel que defendemos con firmeza”. Además, Ubarretxena ha remarcado que “la aplicación de los instrumentos debe adaptarse a las realidades específicas de cada región, puesto que las necesidades agrícolas difieren considerablemente entre territorios”.

Por último, la consejera ha reclamado también avanzar en la participación directa de Euskadi en los órganos europeos e internacionales donde se elaboran políticas que afectan a las competencias vascas. El ejecutivo vasco reclama la apertura a la participación en las formaciones del Consejo de la UE de competitividad, asuntos generales (en lo referente a la política de cohesión), defendiendo que las comunidades autónomas puedan participar en aquellos foros en los que tengan competencia o interés y que resultan clave para una gobernanza europea más eficaz y cercana a la realidad territorial.

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