El absentismo laboral tiene un coste millonario para empresas y administraciones públicas en España. Una parte, aunque minoritaria, proviene de las bajas médicas fraudulentas: situaciones en las que se aprovecha un derecho legítimo para obtener un beneficio indebido. Y aquí es donde los detectives privados jugamos un papel importante, aunque muchas veces desconocido. En este terreno, la figura del detective privado, discreta, profesional y legalmente habilitada, se ha convertido en una herramienta cada vez más demandada. 

Conviene aclararlo: no nos dedicamos a vigilar indiscriminadamente a trabajadores. Solo intervenimos cuando ya existen indicios fundados de fraude. Nuestro trabajo consiste en confirmar —con pruebas sólidas y obtenidas de forma legal— si una baja se corresponde con la realidad o si detrás hay un engaño. No utilizamos métodos invasivos ni traspasamos la intimidad: nos movemos siempre en espacios públicos, bajo los principios de necesidad y proporcionalidad, y dentro de los límites que marca la ley.

Las cifras son elocuentes. Diversos informes señalan que entre un 60% y un 80% de los casos investigados confirman finalmente la sospecha de fraude. Esto no significa que la mayoría de las bajas sean falsas, sino que los casos que llegan a nuestras manos ya parten de sospechas previas detectadas por la empresa. La mera sospecha de existencia de fraude, junto al interés legítimo de la empresa, permiten iniciar una investigación.

Las consecuencias económicas son claras: salarios abonados sin justificación, costes añadidos para la Seguridad Social y una sobrecarga para quienes sí cumplen con las normas. Detectar y frenar estos abusos protege a los trabajadores honestos y refuerza la credibilidad del sistema, que no debería ponerse en entredicho por la conducta de unos pocos.

Nuestro trabajo no sustituye al de médicos, mutuas o la Inspección de Trabajo. Más bien lo complementa con evidencias concretas de lo que sucede en la vida real: hacemos seguimientos, obtenemos información y elaboramos informes con registros de actividades incompatibles con la incapacidad declarada. Y cuando estas pruebas se presentan ante un juez, junto con nuestro testimonio, suelen ser determinantes.

En un contexto en el que las empresas buscan eficiencia, la investigación privada actúa como un filtro necesario. No se trata de desconfiar de todos, sino de poner límites a quienes convierten un derecho en un abuso. Porque cada fraude descubierto no solo supone un ahorro económico, sino también un mensaje claro: el sistema es para proteger, no para engañar.