Este jueves se ha celebrado en el Kursaal de Donostia-San Sebastián, y emitido también en formato Streaming a través de la app APD Suite, un encuentro bajo el título “La gestión del amianto en las empresas. Desde la (no) identificación hasta los efectos sobre la salud” organizada junto a Osalan, Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales y al que han asistido más de 150 profesionales.
Mikel Madariaga, director general de APD en la Zona Norte, y Lourdes Iscar, directora general de Osalan, se han encargado de la apertura del encuentro. Lourdes ha destacado los efectos en la salud de la exposición laboral a fibras de amianto así como la importancia de la vigilancia sanitaria específica en los trabajos con amianto, recordando las actuaciones que debe seguir la empresa cuando se detecta una persona trabajadora con patología relacionada.
Tras ella, ha tomado la palabra Victoria Álvarez, responsable de área de PRL de Osalan Gipuzkoa que nos ha dado las claves para aprender a identificar los materiales existentes con amianto y para la correcta gestión de la prevención de riesgos por inhalación de fibras de amianto. Así, Izaguirre, ha repasado las actividades y tareas que en el pasado han provocado patología relacionada con la exposición laboral a materiales con amianto (MCA) y abordado la importancia de los proyectos de ejecución de obra, así como las aportaciones de las empresas RERA desde la localización del amianto hasta el inicio de su retirada.
Por su parte, Mª Asunción Muruaga, médica del trabajo en la Unidad de salud laboral de Osalan, ha repasado las actuaciones que se piden a las empresas cuando se detecta una persona trabajadora con patología relacionada con exposición laboral a fibras de amianto mientras realizaba su trabajo dentro de la empresa. Para ello, ha descrito las características y utilidades de los MCA, recordado las tareas y puestos de trabajo que en el pasado provocaron patología por la exposición laboral a este agente y explicado cómo debe realizarse la vigilancia sanitaria específica a amianto.
Tras las exposiciones, hemos analizado diferentes casuísticas con unas experiencias prácticas de la mano de Gonzalo Zufia, director de IGR (Investigación y gestión de residuos) y Jon Urbieta, responsable de amianto en Ryde Obras y Servicios.
Por su parte, Zufia se ha centrado en exponernos los puntos clave de la norma UNE 171370-2, Amianto. Localización y diagnóstico de amianto, centrándose en los requisitos para ejercer la actividad de inspección con garantías, lo tipos de inspecciones y sus procedimientos; ya que la norma recoge puntos como el análisis de la toxicidad en laboratorios, procedimientos, riesgos para los propios inspectores, las señalizaciones y la comunicación a los trabajadores, el modo de la retirada, etc.Afirma que las empresas tienen la obligación de localizar materiales con amianto, hacer una inspección y seguir el protocolo de retirada del mismo. Y, aunque es cierto que no es una obligación conocer cuál de todos los materiales tiene mayor o menor riesgo frente a los trabajadores, sí puede ayudar a la organización y a dar la prioridad que necesita frente a otros materiales con otros niveles.
Urbieta, durante su intervención, ha mostrado varios proyectos desarrollados por RYDE en el que estaba muy presente la aparición del amianto y en los que la mayoría de casos no figuraba de tal forma. Los motivos por los que se puede paralizar una obra pueden ser varios: el primero se enfoca sobre el propioproyectista, que no contempla la presencia de estos materiales previamente y que deberían de aparecer en el informe detallado en tipo, formato y cantidad de material tóxico; el segundo sería del contratista que puede hacer caso omiso de la advertencia de proveedores o subcontratistas para realizar la inspección por personal cualificado y especializado para ello; y, por último, el cometido por el subcontratista que no es capaz de localizar la toxicidad entre el resto de materiales. Las 3 grandes consecuencias de la no identificación del amianto son la paralización de la obra por parte de la Inspección; la salud de los propios trabajadores que han mantenido contacto con el material, incluidas terceras personas que puedan vivir o trabajar cerca de la obra; el sobrecoste imprevisto para la contratación de una empresa especializada para la retirada de este material; y por supuesto la demora, y la posible sanción por este mismo motivo, relacionada con la paralización de la obra.