El Programa de Desarrollo Rural PDR 2015-2020 de Euskadi, aprobado en mayo por la Comisión Europea, se ha fijado como prioridades la generación de actividad económica y la creación de empleo, objetivos a los que destinará 407 millones de euros.

El programa de Desarrollo Rural (PDR) 2015-2020 de Euskadi ha sido uno de los primeros planes del Estado en obtener la aprobación de Bruselas lo que permitirá a las instituciones vascas poner en marcha de inmediato las distintas medidas en él recogidas, priorizando aquellas que incidan de manera directa en la generación de actividad económica y empleo, articulando para ello los instrumentos financieros que faciliten a sus beneficiarios el necesario acceso al mercado financiero, y garantizando el desarrollo sostenible al conjunto de las zonas rurales de la CAV y en especial, a los jóvenes baserritarras.

El gasto público previsto por las administraciones vascas para el desarrollo rural de Euskadi en el periodo 2015-2020 asciende a 407 millones de euros de los cuales 292 corresponden al propio PDR, y de éstos, 87,1 millones serán financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.

Apoyo a inversiones
La piedra angular del PDR de Euskadi lo constituirá el apoyo a inversiones en activos físicos que contribuyan a mejorar las cuentas tanto de las explotaciones agrarias y forestales como de las empresas; a la consecución de distintos objetivos medioambientales, a incrementar la industria transformadora para de esta forma, incrementar la producción local, y a impulsar diferentes vias de comercialización del producto.

Asimismo, el programa se fija como objetivo lograr un rejuvenecimiento del sector agrario, priorizando la respuesta a los jóvenes agricultores en sus demandas de acceso a la financiación necesaria para acometer inversiones. Unido a esto se articularán cauces de transferencia de conocimiento, información, cooperación y nuevos regímenes de calidad. Se impulsarán la agricultura ecológica y la silvicultura, abarcando la reforestación y la creación de sistemas agroforestales, las inversiones en tecnologías forestales y en el sector de la transformación. Contempla, igualmente, pagos para compensar pérdidas de ingresos por limitaciones específicas a los agricultores de zonas de montaña.