La Ley de Transición Energética y Cambio Climático fue aprobada hace dos años como herramienta para alcanzar la neutralidad y la resiliencia para 2050. En su primer año, esta ley —que fue respaldada en 2024 por el 82% del Parlamento Vasco— marcó las pautas en la consecución de otro de los objetivos de Euskadi: reducir las emisiones en un 45% para 2030. 

En la actualidad, la apertura de la ley a la población está en proceso de licitación. Sería de carácter deliberativo y la primera en Euskadi en que la ciudadanía podría participar en las decisiones que se tomen en torno al clima. 

La emergencia climática fue el ‘atenuante’ que desencadenó la aprobación de este marco regulatorio, ampliamente respaldado en su puesta en marcha en 2024. Fruto de este consenso, la ley vasca pretende actuar, desde que surgió, como motor que permitirá acelerar las políticas de mitigación a través de la reducción de emisiones y la transición energética, la adaptación del territorio frente a los previsibles impactos del cambio climático y la equidad que deben garantizar una transición justa.

La ley se abre a la ciudadanía en un contexto en que la atmósfera está calentándose, con graves consecuencias para el medio ambiente y las diferentes sociedades. Así, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) cree que, para limitar el aumento de la temperatura mundial a 1,5 °C con respecto a la época preindustrial y reducir los efectos negativos del cambio climático, el mundo debe disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que calientan el clima. 

El objetivo, por lo tanto, es el de alcanzar un nivel de cero emisiones netas de CO₂ de aquí a 2050 y de todos los demás gases de efecto invernadero, algo más tarde en este mismo siglo. La Unión Europea, mediante la Ley Europea del Clima, establece el marco para lograr la neutralidad climática, un objetivo vinculante de reducción de emisiones de CO₂ en 2030 del 55% respecto de 1990 y de neutralidad de emisiones de GEI en 2050.

Dentro de este desafío global, son las regiones y entidades locales quienes adoptan más del 70% de las medidas de mitigación del impacto del cambio climático y hasta el 90% de las medidas de adaptación. En suma, corresponde a las regiones la aplicación del 70% de toda la legislación de la Unión Europea, lo que representa un tercio del gasto público y dos tercios de la inversión pública.

Teniendo en cuenta el escenario general y la predisposición existente en Euskadi, la Asamblea Ciudadana, ahora en proceso de licitación, aparece como una herramienta para ordenar el debate, elevar el nivel de información y construir más consensos, si cabe, que den legitimidad social a decisiones que en sí mismas resultan complejas.