La construcción industrializada ya es una realidad en Euskadi, una afirmación común entre los agentes del sector. Según los mismos diagnósticos, el reto ahora es consolidarla a escala. La comunidad coincide en señalar, además, que esta transformación tiene la llave para desatascar un segmento tan relevante como la promoción pública de vivienda. 
Entre 2021 y 2025, Build:Inn, clúster vasco de la construcción,  ha documentado 12 promociones residenciales y 965 viviendas con componentes industrializados. Las soluciones que se han llevado a cabo son muy variadas: baños industrializados, prelosas, fachadas, estructuras prefabricadas, elementos de contención o módulos tridimensionales completos. Todas ellas vinculantes a la evolución que prevalece en los procesos más vanguardistas.
Así, empiezan a aparecer proyectos con niveles elevados de integración, mientras que hay otros que, de momento, se rigen por procesos más ‘tradicionales’. Por ejemplo, las 33 VPO de Sopela (Bizkaia) que rondan el 90% de industrialización. Y de otra parte, una promoción de Ortuella-Peñota, también en territorio vizcaíno, se queda en torno al 33%. Esta distancia entre ambos es elocuente: la industrialización avanza por grados y a través de sistemas constructivos distintos.
En todo caso, la promoción pública está estrechando lazos con la transformación de la construcción. En la cartera analizada por el clúster, el peso económico de la industrialización pasa del 9% en 2026 al 28% en 2027. Y hay recorrido a más largo plazo, teniendo en cuenta que la Hoja de Ruta de Industrialización de Visesa fija que, en 2036, al menos el 65% de sus promociones superaría el 50% de grado de industrialización.
Por lo tanto, la primera fase de esta evolución se da por superada, ya que hay edificios que se levantan hoy en Euskadi con tecnología ya disponible. Ahora llega el turno de pasar del caso concreto a la serie, momento en que se definirá realmente la consolidación.
Los expertos tienen claro que industrializar exige un cambio más profundo que sustituir procesos ‘de toda la vida’ por componentes prefabricados. Obliga a decidir antes, a diseñar pensando ya en fabricación, transporte y montaje, a sentar pronto en la misma mesa a fabricantes, arquitectos, ingenieros y profesionales de la construcción, y a encajar los calendarios de un proyecto, contratación, financiación y producción, que hoy avanzan a ritmos distintos. Este diagnóstico sirve, sobre todo, para señalar dónde están las barreras a superar. En este contexto, los mayores desafíos tienen que ver con una demanda poco previsible, decisiones que llegan tarde, una contratación y una financiación poco ajustadas al valor generado en fábrica, capacidades desiguales según el sistema o un conocimiento demasiado repartido entre los distintos agentes.
A su favor, Euskadi cuenta con capacidades industriales propias en madera estructural, módulos 3D o fachadas industrializadas, además de una cadena de suministro que opera también fuera del territorio. 
Más vivienda protegida
Denis Itxaso, consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco, afirmó en Rebuild 2026, la feria de construcción industrializada de Europa, que ‘‘es fundamental proteger la demanda de vivienda, especialmente para las clases medias, y acelerar la ampliación de la oferta’’. A su juicio, ‘‘debemos apostar por la vivienda protegida, pero siempre con calificación permanente, para que los recursos públicos invertidos sigan generando valor’’. 
Itxaso avanzó que el Gobierno vasco se disponía a poner en marcha un nuevo vehículo de financiación público-privada: un fondo social por la vivienda. 
El fondo, en efecto, cuenta con una aportación pública minoritaria, de en torno al 30% del capital, y se complementa con la participación de fondos de pensiones vascos, el Banco Europeo de Inversiones, el ICO y otros actores comprometidos con la causa social de la vivienda. Con una vocación de permanencia a largo plazo y una retribución moderada, cercana al 6%, el objetivo es apalancar hasta 2.000 millones de euros para impulsar la construcción de nuevas viviendas.
Cuanta más vivienda se pueda crear en Euskadi, mejores oportunidades surgirán para que la construcción se siga industrializando. En agosto, el Ejecutivo aprobó una ampliación de crédito de 51 millones para el Departamento de Vivienda de cara a garantizar la cobertura de la Prestación Económica de Vivienda (PEV), avanzar en la ampliación del parque público y completar la compra de 57 viviendas a Kutxabank.