La Administración pública vasca deberá reducir el consumo de energía en un 60% para el año 2050 y un 35% para el 2030, según los objetivos que establece la nueva Ley de Sostenibilidad Energética, aprobada por el Parlamento de Vitoria-Gasteiz el pasado 21 de febrero.

AEl Gobierno vasco abordó la pasada Legislatura la tarea de elaborar un proyecto de Ley que, de acuerdo con la orientación de la política energética, estableciera los pilares normativos para la sostenibilidad energética en el ámbito de las administraciones públicas vascas, articulando los deberes y obligaciones que éstas deben cumplir. Entre los objetivos y acciones más destacadas para el sector público destaca la reducción del consumo de energía del 60 % en el horizonte 2050, con una reducción del 35 % en el horizonte 2030.
La normativa establece también que las licitaciones para la compra de energía exijan que el 100% de la energía adquirida sea de origen renovable. Por otra parte, a partir de 2020, el 100% de los vehículos que se adquieran por parte del sector público deberán utilizar combustibles alternativos. También se obliga a que los municipios con más de 5.000 habitantes cuenten con un plan de movilidad urbana.
La Ley de Sostenibilidad Energética, aprobada el pasado día 21 de febrero, afecta a todos los niveles de la administración pública, estableciendo obligaciones referidas a edificios, viviendas y regulaciones del transporte, y al sector privado.
Transición
Esta Ley responde a la necesidad de un modelo de transición fundamentado en el ahorro de energía, en el impulso a la promoción e implantación de energías renovables y en las medidas dirigidas a la mejora de la eficiencia energética.

La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, valoró positivamente el acuerdo, porque “se han establecido de manera consensuada las bases para el pacto de país que Euskadi necesita para afrontar la obligada transición energética”. El abastecimiento futuro de energía conlleva retos importantes para la sociedad vasca ya que la matriz energética de Euskadi presenta una dependencia notable de los combustibles de origen fósil, por encima incluso del 80% del consumo energético.
Para la consejera, el reto al que tiene que hacer frente la Ley es claro: “disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, además de los contaminantes atmosféricos perjudiciales para la salud”; por lo que ha pedido al Parlamento vasco y a los agentes sociales y empresariales “una revolución en actitud, en compromiso, en realismo, en equilibrio y en responsabilidad”.
Para facilitar las inversiones se constituirá una herramienta financiera para el apoyo a las entidades locales, con una cantidad mínima de 100 millones de euros.