El pasado 13 de marzo el Parlamento Europeo aprobaba, con 523 votos a favor, 46 en contra y 49 abstenciones, la primera normativa mundial sobre inteligencia artificial (IA), no obstante, su calendario de cumplimiento se escalonará a lo largo de varios años. Las normas generales comenzarían a aplicarse en un año, después de su entrada en vigor, en mayo de 2025, y las obligaciones para los sistemas de alto riesgo en tres.
Y si bien es una regulación esperada y bien recibida, también es cierto que está muy orientada al ciudadano, y no tanto a los intereses del Estado, o a la innovación hacia el sector privado, lo que podría lastrar los desarrollos realizados en Europa, como ya apuntan algunos de los expertos, en su competencia con otros países con normativas más permisivas.

Las normas generales comenzarán a aplicarse en un año, tras su entrada en vigor, en mayo de 2025, y para los sistemas de alto riesgo, en tres

“Este reglamento presta especial atención a la calidad de los datos, la seguridad, la transparencia, la privacidad, la no discriminación y la supervisión humana. El objetivo es garantizar que la IA utilizada en Europa cumpla con los más altos estándares, en consonancia con los valores y derechos fundamentales de la Unión Europea”, avanza Andrea Fernández, consultora de Derecho TIC y Protección de Datos en Secure&IT.
En función del riesgo
Así, la nueva normativa establece una serie de obligaciones en función del nivel de riesgo de la IA (inaceptable, alto, limitado y mínimo) y en función del riesgo que su uso pueda suponer para la seguridad, salud y derechos fundamentales de una persona. Entre los riesgos inaceptables se apuntan aquellos que se consideran una amenaza para las personas, la manipulación cognitiva, la puntuación social o los sistemas de identificación biométrica en tiempo real y a distancia, con algunas excepciones para estos últimos.
La última versión de la ley amplió la clasificación de los sistemas de IA de riesgo alto para incluir los daños a la salud, la seguridad, los derechos fundamentales o el medio ambiente. Entre las obligaciones previstas: realizar evaluaciones de riesgo durante todo el ciclo de vida, que los sistemas sean aprobados mediante procedimientos adecuados antes de su uso, que sean supervisados por personas físicas, etc.
Los sistemas de IA de riesgo limitado deben ser transparentes y permitir a los usuarios tomar decisiones informadas, es decir, deben estar informados de que están interactuando con una IA, salvo en aquellas situaciones en las que resulte evidente.
A nivel nacional, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha publicado un borrador del Real Decreto que crea un espacio controlado de pruebas para determinar cómo implementar los requisitos aplicables a los sistemas de IA de riesgo alto (con vigencia de 36 meses o el tiempo necesario para adoptar las normas de aplicación). Además, en agosto, el Consejo de Ministros aprobó el estatuto de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia), convirtiéndose en el primer país europeo con una entidad de supervisión de IA.