Con la firma de la Orden de aprobación previa, a cargo del consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d’Anjou, el Gobierno vasco da un paso más en la tramitación del nuevo decreto que regulará las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV). Se avanza así en la tramitación de una normativa que el pasado mes de marzo fue expuesta a consulta pública y que busca impulsar el papel de estas entidades en la economía y el empleo de calidad en Euskadi. Un objetivo compartido con la necesidad de unificar y modernizar toda la normativa vigente sobre las EPSV, actualmente dispersa en varios decretos, para dotar al sistema de mayor claridad, coherencia y seguridad jurídica.

Más allá de esta actualización normativa, el decreto introduce un cambio de enfoque relevante: reforzar el papel de las EPSV como palanca de desarrollo económico y social en Euskadi. Uno de los elementos centrales del nuevo decreto es la modificación del régimen de inversiones de las EPSV. La propuesta plantea orientar el marco regulatorio para favorecer que estas entidades puedan canalizar una parte de sus inversiones hacia proyectos que impulsen el arraigo, el crecimiento y el fortalecimiento del tejido industrial, empresarial y tecnológico vasco.

Esta medida responde al compromiso recogido en el Programa de Gobierno, en concreto el compromiso 74, centrado en la “Inversión para el arraigo y generación de empleo de calidad”. En su desarrollo, se establece la necesidad de adaptar la normativa para que una parte de los recursos de las EPSV contribuya de forma directa al desarrollo económico del territorio. En términos prácticos, el decreto no impone inversiones obligatorias, pero sí introduce un cambio significativo: Las EPSV deberán analizar y considerar de forma expresa invertir en la economía productiva vasca en el diseño de su política de inversión.

Esto implica estudiar oportunidades en ámbitos como:
     • Empresas radicadas en Euskadi, tanto cotizadas como no cotizadas.
     • Proyectos empresariales en fases de crecimiento, innovación o relevo generacional.
     • Vehículos de inversión como capital riesgo o fondos orientados al tejido productivo local.

El nuevo marco va más allá de la recomendación e introduce incentivos para fomentar este tipo de inversiones. Entre ellos, se prevé:
     • El reconocimiento de estas inversiones como alineadas con el desarrollo económico sostenible del territorio.
     • Una posible simplificación o prioridad en determinados procedimientos administrativos de supervisión.
     • Una valoración positiva en las prácticas de buen gobierno de las entidades.

Al mismo tiempo, el decreto refuerza la transparencia. En este sentido, las EPSV deberán informar a sus personas socias y beneficiarias sobre el grado en que incorporan estas inversiones y, en caso de no hacerlo, deberán justificar las razones en términos de rentabilidad, riesgo o liquidez. Esta orientación hacia la economía vasca se plantea siempre dentro de un principio esencial: la gestión prudente. El decreto mantiene que las inversiones deben seguir criterios de seguridad, rentabilidad, diversificación y liquidez, garantizando la protección de los recursos de las personas socias.

Con ello, se plantea en este proyecto normativo compatibilizar dos funciones clave del sistema de previsión social: asegurar el ahorro para la jubilación y contribuir al desarrollo económico sostenible.

Las EPSV representan un pilar fundamental del modelo de previsión social en Euskadi. En 2025 alcanzaron un patrimonio de más de 32.000 millones de euros, con cerca de 878.000 personas socias (el 40% de la población), lo que refleja su fuerte implantación social. El volumen de recursos que gestionan convierte a estas entidades en un agente con capacidad real para influir en la economía productiva, especialmente en ámbitos estratégicos como la industria, la innovación o la transición tecnológica.

Modernización y alineación europea

Además de la reforma del régimen de inversiones, este proyecto de decreto incorpora otras mejoras relevantes:
     • La unificación en un único texto de toda la normativa existente.
     • La adaptación a la regulación europea en materia de pensiones de empleo.
     • El refuerzo de la gobernanza, la transparencia y la protección de las personas socias.
     • La promoción de políticas de inversión socialmente responsable, alineadas con criterios ambientales, sociales y de buen gobierno.

También se abre la puerta a una mayor utilización de herramientas digitales y de inteligencia artificial en la gestión, siempre bajo condiciones de control, transparencia y supervisión humana. Asimismo, refuerza el compromiso del sistema de previsión social con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, promoviendo condiciones laborales y retributivas equitativas en las EPSV que lo integran, y contribuyendo, desde la coherencia interna del propio sistema, a la reducción de las brechas salariales y de pensiones existentes en la sociedad.

Tras la firma de esta Orden de aprobación inicial, el proyecto de decreto continuará su tramitación con distintas fases de consulta, audiencia e información pública, así como la solicitud de informes a diferentes órganos e instituciones, antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno. Este proceso permitirá seguir incorporando aportaciones de agentes sociales, instituciones y ciudadanía, en línea con el enfoque participativo iniciado en marzo.

Con esta reforma, el Gobierno vasco busca consolidar un sistema de previsión social moderno, solvente y adaptado a los retos actuales, y al mismo tiempo reforzar su contribución al desarrollo económico, el arraigo empresarial y la creación de empleo de calidad en Euskadi.