El Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Bilbao han pedido al Gobierno en funciones del Estado la retirada inmediata de una orden ministerial que limita el desarrollo en la capital vizcaína de infraestructuras de transporte esenciales.
Se trata de la Orden IET/112/ 2016, emitida en julio, para la protección radioeléctrica de la estación de comprobación técnica de emisiones radioeléctricas (CTER), situada en la sede de la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones de Bizkaia, ubicada en el centro de Bilbao; concretamente, en el número 50 de la Gran Vía.
La más importante de las restricciones que ha incorporado esta orden es la limitación para realizar en un radio de 1.000 metros –a partir de las antenas que integran esta estación–, nuevas infraestructuras que conlleven redes de alta tensión, además de limitar las alturas de los edificios que se sitúen en ese radio.

Con estas trabas se imposibilitarían obras ferroviarias tan importantes para Bilbao como el cierre del anillo tranviario y la extensión del tranvía a Zorro-tzaurre, la línea 4 del Metro o, incluso, los accesos de la línea de alta velocidad ferroviaria a la estación de Abando. Según el viceconsejero de Transportes del Ejecutivo vasco, Antonio Aiz, “el Gobierno del Estado actúa contra el desarrollo de infraestructuras de transporte esenciales en Bilbao”, mientras que según el concejal de Planificación Urbana, Asier Abaunza, la orden “interfiere gravemente en el futuro urbanístico de la Villa”.
El Ejecutivo autónomo, por medio de ETS, ha presentado el correspondiente recurso exigiendo su reposición. “Se da, además, el agravante de que la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia ha denegado al Gobierno vasco y a ETS la posibilidad de consultar el expediente, lo que resulta una afrenta al derecho más básico”, ha añadido el viceconsejero.
El Ayuntamiento de Bilbao, por su parte, ha requerido al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que la deje sin efecto, exigiendo una reconsideración de la medida planteada o la adopción de otra resolución en la que se tengan en cuenta los intereses públicos de ambas administraciones.