Como primera cuestión, creo conveniente valorar el significado del recientemente aprobado artículo 13 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, cuando señala que, a los solos efectos de determinar la concurrencia de causa de disolución