La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, cerró 2025 haciendo balance y destacó que la ciudad “avanza y consolida su potencial económico y social”. Así, la primera edil aprovechó la ocasión para poner en valor la labor realizada durante los doce meses por el Gobierno municipal, un trabajo que, según dijo, se ha acometido “desde el diálogo y la responsabilidad política” y se ha orientado a reforzar los servicios públicos, mejorar los barrios y avanzar en sostenibilidad y desarrollo económico.
Etxebarria subrayó la “fortaleza” mostrada por las empresas e industrias locales en un contexto internacional “incierto”, en el que el paro descendió, alcanzándose una cifra “histórica” de personas cotizantes a la Seguridad Social. Este crecimiento equilibrado refuerza, a su juicio, la “necesidad de seguir dando pasos para atraer inversión y talento”.
Entre los principales hitos alcanzados en 2025, señaló la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que pone fin a más de dos décadas de vigencia del planeamiento anterior y sienta las bases para que la ciudad crezca hacia dentro, sin consumir más suelo, con más vivienda y mayor actividad económica.
Otros hechos relevantes son la declaración de Vitoria-Gasteiz como Zona Tensionada de Vivienda, lo que permitirá “poner pie en pared” frente al elevado precio de los alquileres, y la rehabilitación urbanística y social de Zaramaga, “el mayor plan de regeneración de Euskadi”.

Su alcaldesa, Maider Etxebarria, destaca la “fortaleza” mostrada por las empresas e industrias locales en un contexto internacional “incierto”

Etxebarria también destacó el incremento del canon de capitalidad hasta los 50 millones de euros para cuatro años; los proyectos de reforma de la gasolinera Goya y de Casa Alfaro y la aprobación del acuerdo de financiación para la ampliación del tranvía a Zabalgana. 
De cara a este ejercicio, reiteró su apuesta por acuerdos que prioricen las necesidades de los vecinos y ayuden a avanzar a la ciudad.
En cuanto a dichas prioridades, se marca cerrar un nuevo acuerdo presupuestario para “garantizar la estabilidad institucional”, además de reforzar la competitividad de las empresas locales, avanzar en soluciones al problema de la vivienda y mejorar servicios públicos esenciales como la limpieza urbana, “poniendo siempre por delante el interés general y las necesidades reales de la ciudadanía frente a cualquier otro cálculo político”.