La emergencia sanitaria está teniendo un impacto extraordinario en los servicios sociosanitarios y sobre las poblaciones que habitualmente atienden. Euskadi, como otras comunidades, ha tenido que adaptar su cartera de servicios a la actual situación de crisis, sobre todo en uno de los entornos más afectados por la enfermedad, como han sido las residencias de personas mayores.
En este sentido, el Departamento de Salud ha elaborado un Protocolo para la Vigilancia y Control de covid-19 en centros sociosanitarios, que establece una serie de pautas y recomendaciones para la protección de la salud de uno de los colectivos más vulnerables ante el covid.
Ya antes de la pandemia, el Ejecutivo autónomo y resto de instituciones estaban reorientando su estrategia de servicios sociosanitarios para atender mejor las necesidades de un colectivo, el de las personas mayores, que aumenta año tras año.

Por ello, están diseñando una nueva Estrategia de Envejecimiento Activo y un nuevo programa de preparación de la transición a la tercera edad, según revela la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal. El proyecto incluye extender el servicio de teleasistencia ‘betiON’ a todas los mayores de 80 años y abrir, como experiencia piloto, oficinas de atención a las personas mayores en los tres territorios.
Otro aspecto que se está abordando es el apoyo a las personas cuidadoras no profesionales, que en Euskadi supera la cifra de 217.000 personas, el 70% de ellas mujeres, que desarrollan su trabajo en el ámbito doméstico, fundamentalmente. En este sentido, el Gobierno quiere desarrollar próximamente la estrategia de apoyo a personas cuidadoras no pofesionales, así como una oficina de impulso de la historia sociosanitaria, entre otros instrumentos.
El pasado año, el Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria aprobó un Modelo de Gobernanza sociosanitaria, que “impulsa el trabajo conjunto y coordinado de profesionales de los sistemas sociales y de salud”. Este Consejo es el encargado de articular la coordinación entre el sistema de servicios sociales y el de salud.