Inspirado en el sistema de previsión social implantado desde hace años en el País Vasco, y mirando también muy de cerca el modelo británico Nest, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Jose Luis Escrivá, anunciaba a finales de octubre la intención del Gobierno de impulsar planes de ahorro colectivos o de empresa a través de la creación de un Fondo de Pensiones de Empleo de carácter abierto, con supervisión y garantía pública, y gestión privada. A través de esta nueva estructura se pretende extender la cobertura de los planes de pensiones a más de la mitad de población ocupada, concretamente a los trabajadores de las pymes, autónomos y trabajadores públicos, lo que supondría multiplicar la cobertura actual de penetración de los planes colectivos por tres o cuatro veces.
En su objetivo de impulsar los planes de empresa, facilitando a los trabajadores quedar automáticamente adscritos a los mismos desde el primer día, el Gobierno penalizaría, sin embargo, los planes individuales, rebajando de 8.000 euros a 2.000 euros los límites anuales de aportación, una medida que afectaría de manera directa e inmediata a los 7,5 millones de partícipes en planes de pensiones individuales y casi un millón de asegurados en planes de previsión asegurados (PPA).

La medida ha provocado el inmediato rechazo de asociaciones profesionales y empresariales de todo el Estado, que abogan por un sistema individual necesario e imprescindible para todos aquellos que, como los autónomos o los trabajadores de las pymes, no puedan acceder al sistema de empleo por no estar las reformas desarrolladas. Además, según sus cálculos, a razón de 2.000 euros por año, un trabajador que no tuviera acceso a un plan de empleo podría acumular 80.000 euros si ahorra sistemáticamente durante 40 años para llegar a la jubilación con una cuantía media mensual insuficiente para complementar la pensión pública. Por todo ello, y teniendo en cuenta la irregularidad de los ingresos del trabajo, en opinión de 18 asociaciones empresariales y profesionales –entre ellas Unespa, Inverco Cepyme, ATA o Fecor- los limites anuales de aportaciones a sistemas de previsión social deberían suprimirse en lugar de minorarse y sustituirse por un límite global de aportaciones acumuladas a lo largo de la vida laboral.