El Gobierno vasco ha aprobado recientemente una nueva normativa que desarrolla la Ley vasca de Vivienda para fomentar el alquiler en todos los niveles institucionales, y que, además, activa fórmulas de colaboración público-privada para que también desde el sector privado se impulse el alquiler asequible.
La norma incrementa las ayudas que ya existían para que administraciones y organizaciones públicas y privadas impulsen la construcción, rehabilitación o adquisición de viviendas que se vayan a destinar al alquiler protegido. Además, suma tres líneas nuevas de actuación para potenciar el arrendamiento en Euskadi; el objetivo es ampliar el parque de viviendas y alojamientos dotacionales en alquiler protegido y movilizar el parque privado vacío.
Las ayudas serán directas y financiación cualificada –préstamos cualificados y descuentos bancarios–. Para 2022 se han reservado inicialmente 19 millones de euros y serán compatibles con las de otras administraciones y los fondos NextGenerationEU destinados a promover el alquiler social.

En relación a la adquisición, promoción y rehabilitación de viviendas para su cesión en arrendamiento protegido, la orden incorpora ayudas adicionales para quienes amplíen los plazos de alquiler obligatorios iniciales. Respecto al fomento de edificaciones con destino a alojamientos dotacionales, en el caso de estos se otorgarán préstamos por hasta el 100% del coste de construcción y honorarios técnicos con subsidiación de puntos de interés por parte del Gobierno.
Por otro lado, la orden desarrolla un nuevo marco normativo para crear proyectos de viviendas colaborativas (‘cohousing’), un sistema para acceder a una vivienda abonando una entrada previa y un canon mensual a una cooperativa o asociación sin ánimo de lucro que gestione la comunidad de viviendas compuesta por las propias familias residentes en régimen de autogestión.