El Gobierno central ha pagado a la UE la multa por el retraso en la recuperación de las ayudas por ‘vacaciones fiscales’ y ahora reclama el dinero a las diputaciones.

El Gobierno central ya ha abonado la multa de 30 millones de euros que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) impuso a España por no haber recuperado a tiempo las ayudas ilegales concedidas a empresas en el marco de las llamadas ‘vacaciones fiscales’ puestas en marcha por las diputaciones forales, y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha remitido un escrito a las instituciones vascas comunicándoles que inicia el “procedimiento para depurar las responsabilidades” del pago de multa.
Según el Ministerio, la Diputación de Álava debería abonar el 65,85% de la sanción; Bizkaia, el 21,29%, y Gipuzkoa, el 12,85%; es decir, y en número redondos, que Álava tendría que pagar 20 millones de euros; Bizkaia, seis, y Gipuzkoa, cuatro. El diputado general de Álava, Javier de Andrés, ha calificado la propuesta de “inaceptable” e injusta, dice que se aparta de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo y ha anunciado que la institución foral presentará alegaciones para intentar modificarla antes de su versión definitiva.
La Diputación Foral de Bizkaia, por su parte, espera una pronta reunión entre las instituciones vascas para hablar sobre el reparto del pago de la multa. Los responsables forales vizcaínos subrayan que no se cierran “a ninguna posibilidad, incluida la distribución del pago de la multa por coeficientes siguiendo el modelo de la Ley de Aportaciones, con los porcentajes del 70% por parte del Gobierno vasco y el 30% de las diputaciones, tal y como ya se había ido adelantando en los últimos meses en un tema en el que ha habido bastante consenso”.