La energía, además de fuente de competitividad, es un elemento estratégico de primer orden. La volatilidad de los mercados internacionales, las tensiones geopolíticas, los desafíos de la transición energética y la creciente electrificación de la economía dibujan un escenario de incertidumbre que obliga a repensar modelos e intensificar apuestas desde las instancias que velan por el bien público. En Europa, y también en Euskadi. Es un cambio de paradigma en el consumo y la gestión de la energía.

Primera reflexión: sostenibilidad y competitividad constituyen ya un binomio inseparable en el entorno industrial y actúan como motores clave para el éxito a largo plazo de cualquier iniciativa industrial. La integración de criterios medioambientales, sociales y de gobernanza va más allá de lo reputacional y conforman una estrategia de crecimiento duradero, que facilita el acceso a la financiación y genera confianza de los mercados. Por lo tanto, en un contexto global marcado por la incertidumbre, la mejor respuesta es construir un modelo energético más eficiente, más sostenible y más autónomo al servicio de la competitividad de nuestra industria. La transición energética exige decisiones valientes y una intensa colaboración público-privada. Desde el Gobierno Vasco, a través del EVE, se está desplegando un marco integral de instrumentos para acelerar este proceso, combinando ayudas directas a la eficiencia y al autoconsumo, incentivos fiscales y apostando por nuevos vectores de la mano del hidrógeno y de los combustibles renovables.

Segundo punto: a través de todas estas acciones, se trata de avanzar hacia una mayor autonomía energética, una prioridad ampliamente compartida en nuestra sociedad. Hablamos de fortalecer nuestras capacidades propias: generar más energía renovable, mejorar las infraestructuras, electrificar procesos industriales, optimizar consumos y desarrollar tecnologías energéticas avanzadas que permitan reducir la exposición a factores externos imprevisibles. En este desafío, la industria vasca desempeña un papel central. Euskadi cuenta con un ecosistema altamente especializado, con empresas líderes en ámbitos como las redes eléctricas, la electrónica de potencia, el almacenamiento energético, el hidrógeno renovable o la eficiencia energética. Pero esta transformación requiere acompañamiento, inversión y visión a largo plazo. Desde el Gobierno Vasco se están impulsando políticas públicas orientadas a acelerar la transición desde una perspectiva pragmática y cercana a las necesidades reales de nuestra industria. Cada proceso optimizado, cada incorporación de tecnología más eficiente y cada megavatio ahorrado contribuyen a fortalecer nuestro tejido industrial y a reducir la dependencia energética exterior. 

Porque la energía hoy no es solo una cuestión de mercados y precios. Es un factor de soberanía económica, de depender menos de fuera y de tener más capacidad para decidir aquí cómo queremos producir, competir y crecer. Factores que dan estabilidad a nuestra industria, reducen la vulnerabilidad y contribuyen al bienestar de la ciudadanía en un contexto internacional cada vez más incierto. 

Y un tercer apunte. Esa autonomía energética a la que se aspira se construye activando varias palancas a la vez: ahorrando energía, electrificando la economía y produciendo más renovables propias. Y también a través de instrumentos públicos concretos, con planificación y con una visión política. Se trata de construir reglas claras que contribuyan a generar certidumbre. Es la lógica que se impone en el impulso de lo que se han venido a denominar Zonas de Actuación Prioritaria, un escenario que dibuja un despliegue de grandes proyectos renovables donde se priorizan cuatro condiciones ante cualquier desarrollo: la existencia de recurso, su viabilidad ambiental y urbanística, la cercanía a la red y viabilidad económica. 

Este ‘Mapa EVE’ nace para que prevalezcan criterios claros, para delimitar y dar certidumbre y para hacer más transparente la decisión pública. El conjunto de todas estas medidas busca un objetivo operativo: incorporar 450 MW de nueva potencia renovable eólica y fotovoltaica en grandes instalaciones hasta 2030 (en este mismo ámbito contábamos con una potencia cercana a los 215 MW), apoyándose en la colaboración público-privada. No es una aspiración meramente técnica, sino una declaración política: Euskadi ha decidido actuar para ganar capacidad de decisión sobre su propia energía, proteger mejor a su industria y reforzar su resiliencia como país.