Las instituciones activan medidas para minimizar el impacto económico del Covid-19

Los gobiernos central y vasco habilitan fondos extraordinarios para atender a las familias y a las empresas

Una imagen del encuentro mantenido entre instituciones, patronales y sindicatos.

El Gobierno vasco ha declarado la emergencia sanitaria en Euskadi, activando el Plan de Protección Civil. Y el escenario cambia día a día. Aunque todavía no hay un reflejo claro, contrastable y medible de la incidencia del coronavirus en la actividad productiva de Euskadi, ya se están activando medidas para minimizar su impacto en el ámbito socioeconómico.

Aunque no se han podido cuantificar hasta la fecha las consecuencias que está teniendo en el ámbito económico y empresarial la pandemia de coronavirus, y la intensidad de su impacto dependerá de la duración de la crisis sanitaria y de su intensidad, todo hace prever que será severo. Las mayores afecciones se prevén como consecuencia de la gestión de los recursos humanos, el previsible retraso de mercancías procedentes del exterior y la caída de las ventas. Ya se habla abiertamente de algunos ceses de actividad y de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), y las organizaciones empresariales están transmitiendo informaciones y consejos sobre cómo actuar en los centros de trabajo ante la situación de emergencia sanitaria que ha declarado el Gobierno vasco y sus implicaciones sociolaborales. La gestión de los recursos humanos es la principal preocupación empresarial.

El Gobierno español ha diseñado un paquete de medidas que

movilizarán 18.225 millones de euros; con aplazamiento
de deudas tributarias, liquidez para las pymes y una

transferencia de 2.800 millones a las

comunidades autónomas

Los impactos principales vienen desde el exterior pero a ellos se puede sumar también la crisis de confianza, sobre todo si el proceso se alarga. Hay que tener en cuenta que este mes corresponde la revisión de la previsión de crecimiento de la economía vasca, que actualmente es del 1,9%. Además, existen determinados efectos que ya planean en el entorno internacional y están empezando a producirse en la economía de Euskadi como consecuencia de la extensión de la enfermedad.
Por ello, las instituciones vascas, una vez que han contrastado con los agentes económicos y sociales la situación actual y las previsibles consecuencias futuras, han comenzado a activar diversas medidas para minimizar el impacto socioeconómico de la pandemia.
Ayudas
El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha anunciado la habilitación de un fondo de urgencia de 300 millones para mitigar las consecuencias económicas y sociales del Covid-19, un mecanismo dirigido a reforzar los sistemas sanitario y educativo, y ayudar a las familias y a las empresas. Además, se baraja establecer líneas de financiación extraordinarias y reforzar las ordinarias.

Se habilita un fondo de urgencia de 300 millones de euros

para reforzar los sistemas sanitario y educativo y

ayudar a las familias y las empresas a mitigar

las consecuencias del coronavirus

Por otro lado, el Gobierno vasco ha pactado con el central poder tener déficit si se agrava la crisis. En la reciente reunión de la Comisión Mixta del Concierto Económico, no solo se determinaron los cupos de 2017 y 2018, sino que se alcanzaron otros acuerdos. Por ejemplo, que, si bien el Ejecutivo autónomo tendrá un déficit del 0% en los próximos cuatro años, si la expansión del Covid-19 produce una desaceleración económica mundial que origina un cambio significativo en las previsiones macroeconómicas, ajeno a la gestión de las instituciones vascas, se podría incurrir en déficit.
El fondo de urgencia y las demás medidas que podrá en marcha el Ejecutivo vasco serán complementarios a los planes de choque diseñados por la Comisión Europea y el Gobierno central.
Pedro Sánchez ha anunciado la aprobación de un real decreto-ley que recoge el paquete de choque de medidas que movilizará 18.225 millones de euros para paliar las consecuencias económicas del coronavirus. Este incluirá el aplazamiento y fraccionamiento de deudas tributarias por un plazo de seis meses sin intereses, con una inyección de 14.000 millones de euros en liquidez a pymes y autónomos. También contempla una línea de crédito de 400 millones para el sector turístico y una transferencia de 2.800 millones para las comunidades autónomas, como adelanto de los anticipos a cuenta previstos en el sistema de financiación autonómica, entre otras.

La gestión de los recursos humanos es
la principal preocupación empresarial

Por otro lado, el Gobierno central ha decidido que se considere como incapacidad temporal por accidente de trabajo las bajas de todas las personas contagiadas por el Covid-19 y de aquellas que deban guardar aislamiento preventivo ante un posible contagio. Esto implica beneficios para las personas trabajadoras, ya que supone una mejora en sus prestaciones, y para las empresas, que no tendrán que hacerse cargo de los salarios de esos empleados.
Cabe señalar que también las diputaciones forales están preparando diversas medidas, algunas de las cuales se refieren al ámbito fiscal. Entre ellas, la de modificar los plazos de la Campaña de la Renta 2019 y retrasar la atención presencial hasta el mes de septiembre, impulsando la tramitación online, como es el caso de Álava. Gipuzkoa también ha decidido posponer la modalidad de renta mecanizada (presentar la declaración en las oficinas de Hacienda).

SITUACIÓN ACTUAL Y ACTUACIONES PREVISTAS

Ante una posible variación negativa del presente escenario, y en caso de una detección contrastable y medible del impacto del coronavirus en la economía, “Euskadi dispone de unas cuentas saneadas para responder”, se asegura desde el Ejecutivo vasco. Esta es la situación actual y algunas de las medidas previstas:

• Con el cierre de 2019, “el Gobierno vasco se encuentra en situación cómoda para poder afrontar las necesidades que surjan”. La política de reducción del endeudamiento desarrollada estos últimos cuatro años hace que las cuentas públicas estén en buena situación para abordar la situación de forma más calmada.

• Financiación discrecional de los gastos del departamento de Salud y rapidez en la respuesta de los estabilizadores automáticos en forma de prestaciones de RGI y otras.

• Si las empresas se vieran afectadas, ello supondría retrasos y aplazamientos en los ingresos públicos con la consiguiente caída de la recaudación que se contabiliza según criterio de caja. De persistir eso se traduciría en un aumento del déficit.

• Ante un hipotético escenario de impacto negativo, contrastable y medible, y en caso de que se diera una restricción del crédito, “cabría formular líneas de financiación, reforzando las ordinarias o, incluso, emitiendo líneas extraordinarias puesto que se cuenta con margen en los límites de garantía que ya contempla la ley de presupuestos.

• Además, de darse dicho escenario, “se valorará orientar una parte substancial del superávit de 2019 para la realización de inversiones que impulsen la actividad y que potencien los efectos de respuesta a la baja de actividad”.

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