Tal y como hicieron ante la crisis generada por la pandemia del covid-19, las diputaciones vascas van a adoptar de forma coordinada medidas extraordinarias dirigidas a las pequeñas empresas, las microempresas y las personas autónomas, para aliviar el impacto económico negativo de la guerra en Ucrania sobre los sectores más vulnerables del tejido económico de Euskadi.

Las consecuencias de la guerra en Ucrania han obligado al Gobierno vasco a revisar las previsiones de crecimiento para la economía vasca. Según el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, el crecimiento del PIB vasco será del 4,5% este año –2,2 puntos inferior a la previsión anterior– y del 4,1% en 2023. Respecto al empleo, Azpiazu ha explicado que se calcula una tasa de paro del 9,5% y la creación de 16.600 empleos en este año –los datos anteriores planteaban una tasa de paro del 9,2% y la creación de 11.500 puestos de trabajo–, y del 9,1% y generación de 8.000 empleos en 2023.
Y es que, según el consejero Azpiazu, en un momento en el que los problemas derivados de la pandemia empezaban a estar encauzados y que la confianza volvía a los agentes económicos, la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha trastocado totalmente el escenario para el periodo 2022-2023 en todo el mundo. Esta misma reflexión ha llevado a las tres diputaciones vascas a coordinarse, como ya lo hicieran ante la crisis generada por el covid-19, y, utilizando su principal competencia, que es la fiscalidad, activar un paquete de medidas excepcionales destinadas a paliar los efectos de la invasión de Ucrania, fortaleciendo la liquidez de los agentes económicos más expuestos a las consecuencias de la actual coyuntura económica global.

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Entre las medidas, que fueron presentadas en Vitoria-Gasteiz por los tres diputados generales y que entrarán en vigor el día 5 de abril, se encuentran el aplazamiento extraordinario en el pago de impuestos, sin necesidad de garantías y sin intereses; la exención en el abono de los pagos fraccionados de IRPF; el incremento del ‘forfait’ de gastos para personas autónomas y microempresas –que tendrá especial intensidad para las actividades de transporte de mercancías por carretera y los sectores agrícola y ganadero– y subvenciones directas por valor de 5,4 millones de euros para el sector agroganadero.
El impacto económico estimado de estas medidas, considerando la minoración de ingresos y las ayudas a fondo perdido, se estima en torno a los 165 millones de euros: 120, por los aplazamientos, y 40, por los cambios en el ‘forfait’ de pagos, más las subvenciones al sector primario. Pero la cifra es solo una previsión, ya que la cuantía final dependerá de cómo sean acogidas las medidas por parte de las personas a las que se dirigen.
Durante su intervención, Ramiro González, Unai Rementeria y Markel Olano, tras condenar la invasión por parte de Rusia y mostrar su solidaridad con el pueblo ucraniano, destacaron “la coordinación y el trabajo conjunto de las tres diputaciones”.