El anteproyecto de Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias de Euskadi ha provocado la repuesta por parte de BBK, Kutxa y Vital por entender que el Gobierno vasco pretende ejercer un excesivo intervencionismo, rechazando que el poder político condicione sus respectivas Obras Sociales, por lo que todas ellas presentarán alegaciones al texto, en el sentido de que todas las cajas aceptan que su actividad esté sujeta a supervisión, pero no a injerencia en su gestión.
El anteproyecto presentado a consulta pública por el Ejecutivo autónomo persigue la adaptación de la normativa actual en materia de Cajas de Ahorros de la CAV a la Ley básica estatal de Cajas y Fundaciones, y la regulación del régimen jurídico de las Fundaciones Bancarias de Euskadi, entidades jurídicas de nueva creación, de conformidad con esa misma normativa básica estatal.
Las cuestiones que han levantado más polémica han sido las relacionadas con el régimen de supervisión, que corresponderían al Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno vasco, y la gestión y desarrollo de la Obra Social.