El pasado 9 de marzo entró en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público, una norma que desde que se publicó, hace cuatro meses, ha provocado opiniones diversas por parte de los expertos: hay quienes creen que da un paso adelante y cumple con las expectativas europeas, y quienes piensan, por el contrario, que tiene debilidades y carencia