Después de ocho años de desacuerdos, conflictos en los puertos y denuncias ante tribunales españoles y europeos, el sector de la estiba ha entrado en una nueva etapa tras la firma del V Acuerdo Sectorial Estatal por parte de la asociación empresarial Anesco y las organizaciones sindicales Coordinadora, UGT y CC OO. A partir de ahora, cada puerto deberá concretar sus convenios colectivos propios, siempre al amparo de este acuerdo marco.
La Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Centros Portuarios de Empleo (Anesco), cuyas empresas están presentes en los principales puertos españoles y emplean a más del 75% de los trabajadores que manipulan las mercancías del sistema portuario, rubricó el V Acuerdo Sectorial Estatal de la Estiba el 8 de abril, un día después de que la asamblea de Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar ratificara el texto.
Para la organización sindical mayoritaria en la estiba, el V Acuerdo Marco “pone el broche final” a un largo proceso. “Por fin se ha llegado a un acuerdo que da cobertura, estabilidad y seguridad” tanto a trabajadores como a empresas, asegura la organización y “acaba con la inquietud que pesaba sobre tráficos y servicios”.
Anesco, por su parte, que aplaude “el esfuerzo realizado por las partes”, también está satisfecha, porque el nuevo acuerdo adapta las disposiciones convencionales al marco jurídico español y comunitario, así como a las novedades introducidas por la recientemente aprobada reforma normativa de los Centros Portuarios de Empleo (CPE) y a la reforma laboral.

No obstante, la valoración del acuerdo no es unánime en el sector, ya que otra patronal, la Asociación Estatal de Empresas Operadoras Portuarias (Asoport) ya ha anunciado que impugnará el V Acuerdo Marco de la Estiba ante la Audiencia Nacional y ha adelantado que la mayor parte de las empresas pertenecientes a Asoport va a salir de los CPE.
Convenio colectivo
En el Puerto de Bilbao, la situación de su CPE parece que entra en vías de solución. BilboEstiba –formada por las compañías Bergé, Toro y Betolaza, CSP y SLP–, acumula una importante deuda con sus trabajadores, estando desde diciembre de 2021 en preconcurso de acreedores. Pero la empresa ha solicitado al juez un aplazamiento en el proceso, mientras sigue negociando con la plantilla.
El aspecto económico estaría salvado tras la propuesta de los sindicatos de una rebaja de la masa salarial de 850.000 euros anuales, que ha sido aceptada por las empresas. También estaría solventado el tema de los trabajadores eventuales –un centenar–, y quedarían pendientes los relacionados con la jornada laboral y los descansos, entre otros, por lo que el convenio podría firmar en breve.