Por su capacidad de regular cuestiones que afectan a los bienes públicos generales, las Administraciones públicas tienen un papel fundamental en el impulso de una adecuada Responsabilidad Social Corporativa (RSC); por ejemplo, tienen la responsabilidad de involucrarse y asumir un papel más activo a través de la combinación de normas de intervención, de incentivo, de promoción y de difusión, que regulen más allá de la voluntariedad de las empresas.
En esta línea, y con el objetivo de traccionar a las pymes, la Dirección de Economía Social, del Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, diseñó el Plan de Marco de Responsabilidad Social Empresarial 2012, que realizaba un exhaustivo análisis del estado del arte de la RSE en Euskadi y proponía algunas medidas a abordar por el propio Ejecutivo autonómico que podían facilitar la práctica de la RSE.
Posteriormente, entre 2013 y 2014, se trabajó la Estrategia Vasca de la RSE de forma más integradora, a través de un grupo de diálogo más amplio (i-Talde de Innobasque) donde el Gobierno vasco representaba un agente adicional en el diseño de las bases de un impulso compartido de la RSE en Euskadi. Y, más tarde, con la finalidad de retomar el impulso de la RSE, la Dirección de la Economía Social diseñó el Plan de Actuación RSE 2017-2020, para contribuir a sentar las bases de las actuaciones a realizar en esta materia, definiendo un marco de intervención desde tres planos: intrainstitucional, interinstitucional y principalmente, para las empresas.